No a la intimidación contra jueces y fiscales
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa la más honda preocupación por la situación que afronta la doctora Cristina Olazábal, Fiscal Provisional de la Primera Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho, públicamente reconocida como una funcionaria honesta, eficiente y comprometida, que prestigia al Ministerio Público.
En el año 2005, la doctora Olazábal denunció por genocidio al señor Alan García Pérez por la matanza de 60 campesinos de la comunidad de Accomarca, ocurrida en 1986, durante su primer gobierno. Hoy, nuevamente a cargo de la Presidencia de la República, el señor Alan García Pérez ha promovido una acción legal contra la doctora Olazábal por supuesto delito de prevaricato, con el argumento de que el delito de genocidio no estaba tipificado en la ley nacional.
El delito de prevaricato constituye la acción del juez o fiscal que resuelve o dictamina de modo manifiestamente contrario al texto expreso de la ley. En tal sentido, afirmamos que el acto postulativo de denuncia de la doctora Olazábal contra Alan García Pérez se ajustaba a derecho –correspondiendo a los jueces determinar su mérito– y no constituye en modo alguno delito de prevaricato.
La denuncia de la doctora Olazábal se encontraba debidamente sustentada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, plenamente vigente en el Perú. Admitir que los delitos de lesa humanidad establecidos por la ley internacional no tienen vigencia en nuestro país por deficiencia de la ley nacional, además de absurdo, sería una inadmisible y peligrosa declaración de impunidad.
Consideramos la acción propiciada por el Presidente Alan García contra la doctora Olazábal como un intento de intimidación a la labor que cumplen los fiscales y jueces que asumen el reto de investigar y denunciar a los responsables de crímenes contra los derechos humanos y así lo denunciaremos en toda instancia.
Con el mayor respeto que nos merece la independencia de los órganos jurisdiccionales, invocamos a la jueza superior Elizabeth Zambrano, a cargo de la calificación de la denuncia contra la doctora Cristina Olazábal, declarar sin sustento la denuncia y disponer su archivo definitivo.
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
26 de enero de 2010
Publicado en el diario Correo de Ayacucho
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