Preocupa. Contra la opinión de los campesinos de El Tingo (Provincia de Hualgayoc, Cajamarca), el Ministerio de Energía y Minas ha decidido imponer el derecho de servidumbre minera en 34 hectáreas de propiedad de la comunidad, a favor de la empresa Coimolache, propiedad de Grupo Buenaventura. Ante esta decisión, que consideran como una “expropiación administrativa”, los comuneros anuncian una marcha para este miércoles 3 de febrero.
La decisión del Ministerio de Energía y Minas se dio cuando acababa el 2009, a través de la Resolución Suprema 08-2009-EM del 15 de diciembre. En la misma se señala que la compañía minera Coimolache solicitó el derecho a la servidumbre minera el 2008 a fin de llevar a cabo la construcción del proyecto Tantahuatay, que incluye un pad de lixiviación, pozas, echaderos, planta de procesos, talleres, laboratorios, campamentos, edificios, entre otras construcciones. Tras realizar una reunión en San Borja (Lima) a la que no asistieron los representantes de la comunidad, la Dirección General de Minería solicitó un peritaje para tasar los terrenos de la comunidad. Luego de que el peritaje concluyera que “la servidumbre minera es posible sin enervar el derecho de propiedad de la comunidad” y estableciera un precio por las 34 hectáreas, el Ministerio decidió otorgar la servidumbre.
¿Qué significa esto? Que la empresa deposita en el Banco de la Nación un precio por las 34 hectáreas, y listo: tiene potestad para utilizar esas tierras de la comunidad por el lapso de 20 años para realizar las actividades mineras. Eso, a pesar de que los campesinos no estén de acuerdo ni con el precio asignado, ni con el ingreso de la minería a su zona. Es decir, una violación flagrante al derecho a consulta, y una actitud autoritaria que sólo genera más conflictos en torno a las actividades extractivas.
A raíz de esta decisión, los campesinos de El Tingo lanzaron un comunicado pidiendo solidaridad y explicando que “la servidumbre minera no es más que una expropiación administrativa, que se nos aplica a quienes nos hemos negado a vender nuestras tierras a los mineros”. Los comuneros aseguran que ya han recibido amenazas de ser desalojados mediante la fuerza pública, y afirman: “no vamos a permitir que nos echen de las tierras que nos vieron nacer, nos declaramos dispuestos a resistir dentro de ellas, ya que son nuestro único sustento económico”. Los campesinos también señalan que “nuestras tierras constituyen el colchón acuífero para otras zonas como el propio Chugur y Hualgayoc, además se pone en riesgo el Proyecto Manuel Vásquez Díaz que abastece a 18 comunidades, y 38 canales de diferentes comunidades que son utilizados para regadío, pues el Complejo Tantahuatay tiene previsto instalar pozas de cianuración, con los peligros que ello implica”. De hecho, la foto que ilustra esta nota es de una de las lagunas que se encuentran en el territorio de la comunidad de El Tingo.
Por su parte, en declaraciones a Alerta Perú el ingeniero Daniel Malpica, de la ONG GRUFIDES, explicó que estos procesos de servidumbre minera se amparan en la legislación que dio Fujimori en los años 90 para promover la inversión minera, y que con ellos “los comuneros ya no tienen posibilidades de negociar”. También explicó que “cuando el Ministerio llama a conciliación, no se ubica en una posición altamente neutral sino sólo busca qué quieren los campesinos para que la empresa minera trabaje”, y por ello muchas veces los comuneros deciden no participar en estas reuniones.
La comunidad de El Tingo ha convocado a una marcha en la ciudad de Cajamarca este miércoles 03 de febrero, con el objetivo de impedir el posible despojo de sus tierras.
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