Nueva estratagema. Mediante una solicitud de disolución de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) presentada por la Procuradoría Pública del Ministerio de Justicia, el gobierno intenta remplazar a la actual dirigencia por otra que pueda controlar. La denuncia ha sido solicitada a la Fiscal de la Nación por “bloquear carreteras, llamar a la población a la insurgencia y haciendo apología de delitos”, lo que, según el MINJUS, se contradice con los fines de su organización. El pedido se efectuó invocando el artículo 96 del Código Civil, que señala que se puede “solicitar la disolución de una asociación cuyas actividades sean o resulten contrarias al orden público”.
Como parte de la resolución, se ha pedido una medida cautelar para evitar que “mediante la mencionada asociación se sigan cometiendo actos contrarios al orden público”. La medida cautelar principal ordena que “se entregue la administración de la AIDESEP a una junta administradora” durante el tiempo que dure el proceso. El objetivo entonces, es remplazar la dirigencia de AIDESEP por una administración temporal. El proceso legal podría tomar hasta dos años, tiempo durante el cual AIDESEP estaría a cargo de sus administradores judiciales. De esta manera, se comprometería la negociación de las mesas de diálogo.
Para AIDESEP, esta sería un mecanismo que buscaría callar a los pueblos indígenas. A través de su página web, resaltan que han habido avances en las mesas de diálogo, pero que con esta medida crece la desconfianza respecto al gobierno. Manifestaron que han convocado de emergencia a las bases para discutir que medidas tomar frente a esta medida, y que el día de hoy, 23 de octubre, por la tarde estarían dando una conferencia de prensa dando su postura oficial.
Por su parte la Cordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ha sacado un pronunciamiento en el que rechaza la disolución de AIDESEP. La CNDDHH destaca que a lo largo de sus casi 30 años de trayectoria AIDESEP ha cumplido a cabalidad su función de representación de los pueblos indígenas y que no se puede aplicar una medida como esa por un hecho aislado, como el de Bagua. Así mismo, sostiene que aún siguen en curso procesos legales contra los dirigentes de AIDESEP, pero a pesar del resultado que tengan, se debe respetar la autonomía jurídica de la asociación civil, que es diferente de la de sus dirigentes. Por ultimo, plantea que las medidas cautelares planteadas por el Ministerio de Justicia constituyen una gravísima violación de la libertad de asociación reconocida en el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
