Indignados. Así se mostraron casi medio millar de arqueólogos, académicos, estudiantes y ciudadanos en general que participaron de la marcha y plantón “La cultura no es un faenón” la tarde del viernes. Los manifestantes rechazan el Proyecto de Ley 3464, presentado con carácter de urgencia por el Ejecutivo y que pretende facilitar el retiro de la condición de Patrimonio Cultural a bienes cuando la misma “obstaculice” la inversión privada. La marcha partió de la puerta de la Casona de San Marcos, en el Parque Universitario, recorrió la avenida Abancay y finalmente llegó al Congreso de la República, donde los convocantes se reunieron con el presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Werner Cabrera, para entregarle un manifiesto con decenas de firmas sustentando el rechazo a la iniciativa legislativa.
El proyecto en mención busca que la facultad para declarar bienes como Patrimonio Cultural pase del Instituto Nacional de Cultura al Congreso de la República. La argumentación que sostiene dicho proyecto es que la protección del patrimonio cultural resulta “onerosa” y es un obstáculo para la inversión. Los manifestantes también rechazaron el Decreto Supremo 009-2009-ED, que se encuentra vigente y que permite que las obras públicas que sean declaradas como “de interés nacional” no requieran del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), el principal instrumento legal que existe para proteger el patrimonio histórico que pudiera ser afectado por proyectos de inversión.
“Estoy aquí como cualquier peruano que admira todo el legado que es nuestro deber proteger y preservar para las futuras generaciones”, señaló el arqueólogo Julio Abanto, director del Instituto Ruricancho, quien calificó el proyecto como “una aberración tremenda”. “Un Congreso tan caricaturizado como el que tenemos no puede pretender juzgar a qué denominamos Patrimonio y a qué no”, afirmó. Abanto aseguró que no puede ponerse en contradicción la inversión económica y la protección al Patrimonio, pues la cultura también debe considerarse como un recurso.
Este proyecto está en consonancia con la política del “perro del hortelano” que busca facilitar la inversión en todos los sectores a cualquier costo, reduciendo controles técnicos, ambientales, anticorrupción y, ahora, culturales. Además, fue presentado por el Ejecutivo sin consultar ni siquiera con el propio INC, el órgano técnico del propio Estado. Mucho menos fue consultado con el Colegio de Arqueólogos o con instituciones culturales y de la sociedad civil.
En la manifestación participaron estudiantes y profesores de las escuelas de Arqueología de la Universidad Mayor de San Marcos, de la Universidad Federico Villareal y de la Universidad Católica, así como profesionales, gestores culturales, activistas, instituciones de sociedad civil y ciudadanos en general.
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