(Foto: AIDESEP)
Fecha clave. Tras varios días de diálogo estancado en medio de la declaratoria del Estado de Emergencia, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, y dirigentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) se reunirán esta tarde para tratar de solucionar el conflicto que ya lleva más de un mes.
Esta reunión se desarrollará en momentos en que en las zonas del interior de la selva se produce una dura represión, de la que en Lima se tiene poca información. El día de ayer Alerta Perú recibió información acerca de la muerte del ciudadano David Yampis, awajun, durante la toma del puente Corral Quemado (provincia de Bagua), pero aún no ha sido posible confirmar el hecho. El diario La Primera, por su parte, menciona la muerte de otra persona, Manuel Dekntai. De confirmarse estos datos, en las próximas horas podríamos estar lamentando una escalada de la violencia, pues los awajun han dejado entender que no tolerarán el asesinato de sus hermanos. Además de estas muertes, hablamos de por lo menos tres heridos graves, de alrededor de 15 detenidos en diversos puntos y de tres personas cuyo paradero se desconoce.
En tanto, otras acciones de represión y humillación tienen lugar. Luego del desalojo en Corral Quemado y en las inmediaciones de las estaciones 5 y 6 de PetroPerú, se supo que agentes estatales quemaron la ropa y los documentos de los nativos, dejándolos de esta manera indocumentados y por lo tanto sin posibilidad de viajar y expuestos a potenciales detenciones. Fuentes de Alerta Perú aseguraron haber perdido comunicación con la zona de Santa María de Nieva pues los teléfonos rurales se encontrarían cortados.
Estas informaciones llegan con dificultad a Lima y son invisibles para la mayor parte de la prensa nacional, al igual que los argumentos de los nativos, que se oponen a un paquete de decretos emitidos por el Gobierno para promover la inversión privada en territorios comunales.
En conversación con este medio, el abogado del Programa de Defensa de los Derechos Indígenas, Vladimir Pinto, explicó que todas las semanas recibe denuncias de comunidades de la sierra y de la selva acerca del accionar del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), que está amparado en el decreto 1089 para titular las tierras rurales. El problema es que este organismo ofrece créditos a aquellos que accedan a titularse de manera individual, perdiendo así la protección de la que gozaba la propiedad comunal con la anterior legislación. Citó como ejemplo el ofrecimiento del ministro Ántero Florez, quien aseguró que el Gobierno entregaría 7 mil títulos en una zona en la que solo existen 300 comunidades, demostrándose así la voluntad de quebrar la propiedad colectiva.
Pinto también se mostró preocupado por el decreto 1064 que elimina la negociación con la comunidad para efectos de autorizar derechos de servidumbre para actividades mineras y petroleras o para la construcción de hidroeléctricas y carreteras. Ahora, basta con la autorización del Ministerio respectivo desde Lima. Por si fuera poco, este mismo decreto reduce las protecciones de la propiedad comunal, estableciendo que el derecho de colonos con más de cuatro años de antigüedad prima en caso de conflictos. Todo esto se enmarca en una política bien explicada por el propio Alan García en sus artículos sobre el "perro del hortelano", en los cuales desarrolla su visión del desarrollo como sinónimo de gran inversión privada en territorios de las comunidades, que son percibidas como meros obstáculos.
Informe de la Comisión Multipartidaria del Congreso sobre la protesta indígena
Observaciones de la OIT al cumplimiento del convenio 169
