(Foto: AIDESEP)
Se inició la represión. El sábado 9 de mayo, tras un mes de huelga amazónica en contra de un paquete de decretos que pone en peligro los derechos territoriales de los pueblos indígenas, el Gobierno decretó el Estado de Emergencia en nueve distritos de cinco regiones del oriente peruano. El decreto de urgencia establece la realización de acciones inmediatas para restablecer el orden en la zona, acciones que no se hicieron esperar.
Ese mismo día la Policía Nacional desalojó violentamente a decenas de ciudadanos awajun que se encontraban vigilando que las válvulas de las estaciones 5, 6 y 7 de PetroPerú en Chiriaco, Imaza y Saramerisa (región Amazonas), que habían sido cortadas desde el 9 de abril. El operativo se realizó lanzando gases lacrimógenos desde helicópteros, y aún no disponemos de mayor información acerca del número de heridos. Al día siguiente, la DINOES despejó el puente Corral Quemado, que comunica la costa norte con la selva y que se encontraba bloqueado por manifestantes. Al respecto, se sabe que hubo disparos por parte de las fuerzas del orden, y que numerosos heridos llegaron al hospital de Bagua; además hay siete dirigentes detenidos y, según fuentes locales, siete cuyo paradero se aún desconoce. Estas acciones policiales se producen pocos días después de que la Marina de Guerra, que no tiene a su cargo el orden interno, se tomara la atribución de desbloquear el río Napo que se encontraba controlado por ciudadanos Kichuas y Arabelas.
Los indígenas de la selva rechazan un paquete de decretos dados al amparo del Tratado de Libre Comercio con EEUU y que promueven la inversión en la amazonía, en industrias extractivas (gas, petróleo, minería y madera) y en agroindustrias y forestería, y que de acuerdo a las comunidades y a analistas legales permiten la privatización de estos recursos, fomentan la deforestación y violan los derechos territoriales de los nativos.
Una Comisión Multipartidaria, formada en agosto tras la primera huelga amazónica pero que recién emitió sus conclusiones luego de iniciada esta segunda, confirmó que los decretos han violado los derechos de las comunidades indígenas establecidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y recomendó su derogatoria. Sin embargo, el pleno del Congreso no puso el tema en agenda para su votación el pasado día viernes, pese a reiteradas promesas al respecto, y por el contrario lo trasladó hacia la Comisión de Constitución, que debería decidir sobre la inconstitucionalidad de las normas.
En tanto, organizaciones ciudadanas locales en Iquitos, Bagua, Pucallpa y otras ciudades de la selva, así como en Lima, se encuentran evaluando acciones de solidaridad para respaldar la lucha de los nativos.
Palabra
“Yo que me encuentro en la zona puedo dar fe de que la protesta no ha sido violenta en ningún momento y que si se produce un derramamiento de sangre el único culpable será el gobierno por no promover el diálogo y desconocer a esa gran mayoría descendiente de los pueblos ancestrales que pretende seguir conservando el equilibrio en el bosque amazónico para que nosotros podamos seguir también existiendo”
Fuente local en Santa María de Nieva
“Un solo ejemplo entre decenas y centenares. El lote petrolero 76 de 1 millón 500 mil hectáreas instalará 18 líneas sísmicas, construirá 166 helipuertos, abrirá 1944 zonas de descarga y levantará 166 campamentos. Ese lote se traga totalmente a la Reserva Comunal Amarakaire y operará en las áreas de amortiguamiento de los Parques Nacionales del Manu, Bahuaja-Sonene y en la Reserva Tambopata-Candamo. Es decir, afectará severamente una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta”
Roger Rumrill, en el diario La Primera
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Comunicados
AIDESEP frente a declaratoria del Estado de Emergencia
Obispos de la amazonía respaldan protesta
Comunicado de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso
