Incertidumbre y violencia en el país centroamericano. Los últimos acontecimientos sucedidos en Honduras no pueden ser calificados sino como un gran revés para la democracia. El gobierno golpista, encabezado por Roberto Micheletti, “interpretó” muy a su manera el acuerdo firmado con el depuesto presidente Zelaya, estableciendo que el gobierno de Unidad Nacional sería encabezado por el mismo. Por su parte, el Congreso de la República, habiendo concluido el plazo, no ha decidido la restauración del presidente Zelaya en el cargo, y no parece tener intención de hacerlo. Con estas acciones el presidente Manuel Zelaya ha dado por terminado el proceso de diálogo, mientras la violencia y la muerte empiezan a aparecer.

El pasado 30 de octubre se firmó, gracias a la intervención del Secretario de Estado de los Estados Unidos, el acuerdo de Tegucigalpa-San José, con el que se daría fin a la crisis política que se inició con el golpe de estado el 28 de junio. En el acuerdo se establecía la conformación de un gobierno de unidad nacional y que se llevaría a cabo las elecciones presidenciales del próximo 29 de noviembre. Asimismo se establecía que sería el Congreso de la República el que decidiría la reposición del presidente Zelaya en su cargo.

El acuerdo establecía un plazo para que el congreso se pronuncie sobre la restitución de Zelaya y se constituya el gobierno de unidad nacional, el cual se cumplía el pasado jueves 5 de noviembre. Cumplida la fecha, el Parlamento no se había reunido. Al mismo tiempo, el gobernante de facto Roberto Micheletti anunciaba a los nuevos ministros del gobierno de unidad que sería encabezado por el mismo. Además, los Estados Unidos anunciaron que reconocerían el resultado de las elecciones presidenciales.

Ante esta situación, el presidente legítimo, Manuel Zelaya, declaró roto el diálogo y llamó al Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado a resistir y manifestarse en contra del régimen de facto. Así mismo, convocó a los organismos internacionales y a otros países a “rechazar el régimen dictatorial”. La reacción de la OEA ha sido manifestar su “decepción” con el curso de los acontecimientos. Declaró que los acuerdos eran claros y que es indispensable que el Congreso hondureño se pronuncie sobre la restitución de Zelaya. Asímismo, la OEA decidió no enviar observadores para la elección presidencial del 29. La reacción del gobierno de facto fue la de exigir a la OEA que cumpla su parte del acuerdo.

La crisis política se agrava por los actos de violencia que empiezan a suceder en el país. Esta semana fue asesinado José Edurdo Callejas, hermano del ex-presidente Rafael Callejas que respaldó el golpe de Estado, en la capital del país Tegucigalpa. Poco antes también fue asesinado un candidato a alcalde en el interior del país y el fiscal general sobrevivió ileso de un ataque similar. Semanas atrás el también fue asesinado el sobrino del gobernante de facto, Enzo Micheletti.

Países no se ponen de acuerdo en reducción. Entre el 2 y el 6 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de Barcelona la última Cumbre del Clima previa a la Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas a celebrarse el mes de diciembre en la ciudad de Copenhague, Dinamarca. Sin embargo, el nulo avance de esta cumbre parece indicar que las posibilidades de alcanzar un verdadero acuerdo que reemplace al protocolo de Kyoto son cada vez menores.

La cumbre se estanco debido a la fuerza divergencia entre la posición de los países industrializados y la de los países del Sur con respecto al nivel de la reducción de emisiones de gases contaminantes, en especial el CO2. Los primeros buscan un acuerdo único que incorpore a todos los países (incluyendo a Estados Unidos) con compromisos para la reducción de emisiones de CO2. Los países menos industrializados, por su parte, plantean que es necesario un reconocimiento de la responsabilidad histórica de los países desarrollados, lo que implica un mayor compromiso en la reducción de emisiones.

La posición mas fuerte ha sido planteada por los países africanos, respaldados por Venezuela y Bolivia. Estos países exigen que los países industrializados reduzcan para el año 2020 un 40% de las emisiones de CO2 con respecto a los niveles de 1990. Para muchos se trata de una exigencia imposible, pero los países del sur argumentan que una reducción menor al 40% significaría la destrucción del territorio africano y de muchas otras zonas vulnerables. Los países africanos amenazaron con boicotear las reuniones, logrando así que se crearan nuevas mesas de trabajo para debatir un aumento de las reducciones de los países industrializados. Entre los países europeos, se estaría llegando a un primer consenso de una reducción de 30%.

Entre los países sudamericanos no se han puesto de acuerdo para llevar una posición común a esta cumbre climática. La división se ha dado en torno al plano político. Por un lado los países del ALBA y otros países cercanos (Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba, El Salvador, Ecuador, Paraguay) mantienen una posición de oposición frente a los países desarrollados. El resto de países (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Uruguay) platea una posición de consenso entre todas las partes. En lo único que están de acuerdo es que es necesaria una mayor reducción de emisiones de las ofrecidas por los países del Norte y en la transferencia de recursos hacia los países del Sur.

Sin embargo, el mayor problema para los avances de las negociaciones ha sido la posición planteada por EEUU. Desde un primer momento manifestaron que no se comprometerían a ninguna reducción antes de que su senado aprobara la Ley de Reducción de Emisiones, lo que sucedería a mediados del 2010. Eso haría casi inviable la suscripción de un acuerdo en la próxima cumbre de Copenhague. Por esta razón, la UE responsabiliza a los EEUU por el posible fracaso de la cumbre, ya que ellos esperan alcanzar un acuerdo vinculante. Sin embargo, el acuerdo tendría el carácter de “políticamente vinculante” y no “jurídicamente vinculante”. Esto significa que el tratado no se convertiría en parte de la legislación interna de los países, dificultando su cumplimiento y los mecanismos efectivos para garantizar su ejecución.

El poco avance de esta cumbre no ha sido bien recibido por organizaciones ambientales como Greenpeace. En una muestra del rechazo a la posición de EEUU en este tema, varios activistas colgaron un cartel sobre la estatua de Colón, que señala hacia el continente americano, en el que se podía leer la siguiente frase en ingles: “Caos Climático: ¿quién tiene la culpa?”. Las ONG ambientalistas esperan que los diversos Estados logren un acuerdo vinculante en Copenhague.

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Más vale prevenir que lamentar... Eso podría haber estado en la mente de Fernando Lugo, presidente de Paraguay, el día de ayer, miércoles 4 de noviembre, cuando decidió cambiar a toda la cúpula militar de su país. Los días anteriores se había anunciado desde Venezuela el intento de derrocamiento, por parte de las fuerzas armadas alineadas con un sector de la derecha. La sobra de lo sucedido en Honduras empieza a amenazar a todo el continente.

El pasado domingo 1ro de noviembre el diputado y vicepresidente del Grupo Venezolano del Parlamento Latinoamericano, Corolus Wiemmer, declaró que se preparaba un golpe de estado en Paraguay propiciado por el Congreso, y buscando el juicio político contra el presidente por una supuesta violación constitucional y el llamado a la lucha de clases. La primera reacción del presidente Lugo fue declarar nadie lo movería de su mandato hasta el 2013. Recalcó que su gobierno era participativo y abierto a recibir críticas, pero que eso no significaba debilidad. También dijo que las Fuerzas Armadas de su país no se prestaban a ninguna intento golpista, al estar comprometidas con la democracia, pero reconoció que podían haber ciertos bolsones que podían ser usados por la clase política. El el mismo sentido, tampoco descartó que incluso su vicepresidente, Federico Franco (del Partido Liberal), busque destituirlo.

Al día siguiente de estas declaraciones, el miércoles 4 de noviembre, el presidente Lugo anunció cambios importantes en toda la cúpula militar de su país. En concreto, el presidente remplazó al comandante del Ejército, Juan Óscar Velázquez, por el general Bartolomé Pineda; al general de la Fuerza Aérea Darío Dávalos, por el general Hugo Gilberto Aranda; y al contraalmirante de la Armada, Claudelino Recalde, por el contraalmirante Egberto Orué. Permanece en su cargo el comandante de las Fuerzas Militares, Cíbar Benítez Cáceres, quien pasará a retiro en diciembre.

La oposición ha planteado entablar un juicio político “por mal desempeño” contra el presidente a quien acusan de una tentativa de compra irregular de unos terrenos por 30 millones de dólares, los cuales entregaría a organizaciones sociales y políticas de izquierda. Además lo acusan de la ola de inseguridad que vive su país respaldados en el secuestro de Fidel Zavala, rico ganadero desaparecido hace 20 días cuando se disponía a cenar con su familia en su hacienda, ubicada a 400km al norte de la capital. Por último, el presidente Lugo es acusado de promover la lucha de clases y de simpatizar con el Ejército del Pueblo Paraguayo, grupo guerrillero al que se le atribuyen varios secuestros. El juicio político se resolvería en el parlamento, el cual tiene la potestad de removerlo del cargo con una mayoría de dos tercios. Según el presidente del Congreso, el senador Enrique Gonzáles Quintana, la oposición contaría con los votos necesarios para enjuiciar al mandatario: 34 votos de 45 en el Senado, y 57 de 80 en la Cámara de Diputados.

Con el golpe de estado en Honduras, que derrocó al presidente constitucional Manuel Zelaya, se abrió la posibilidad de que las disputas por el poder político se resuelvan por fuera de la democracia. La posibilidad de que Paraguay se encuentre en una situación similar es una pésima señal para el continente entero, que en los próximos meses inicia un nuevo periodo electoral en el que se puede reafirmar el giro hacia la izquierda y a los gobiernos progresistas que dio hace unos años, o cambiar el rumbo hacia el neoliberalismo.

¿Cual es el plan de Obama para el continente? El anuncio de la construcción de dos nuevas bases estadounidenses en Panamá, sumadas a las siete bases Colombianas, ha causado preocupación en los diversos países de la región. Por otra parte, constituyen un retroceso en la política de ese país, que había luchado por décadas hasta que en 1999 pudo desmontar la última de las 14 bases estadounidenses en su territorio.

El Ministro panameño de Gobierno y Justicia, Jose Raúl Mulino, anunció que su gobierno suscribiría antes del 30 de octubre un acuerdo con los EEUU para la instalación de dos bases militares estadounidenses. Una de ellas en Bahía Piña, en la frontera con Colombia, y la otra en Punta Coca, en el occidente del país. Estas bases tendrían como objetivo contribuir a la lucha contra el narcotráfico en la región.

Sin embargo, esta decisión del gobierno de Ricardo Martinelli, ha significado un retroceso con la política panameña de las últimas década. Desde los tratados Torijos-Carter de 1977 se venían desmantelando 14 bases estadounidenses en territorio panameño, lo que se terminó el 1ro de enero del 2000. Así mismo, se recuperó la soberanía del Canal de Panamá y se clausuró la tristemente célebre “Escuela de las Américas”, centro de enseñanza de torturas y de técnicas de “guerra sucia”. Panamá carece de fuerzas armadas propias, motivo por el cual no podría darle ningún uso a las instalaciones militares.

La decisión ha causado rechazo al interior de ese país. El Sacerdote Conrado Sanjur, Presidente de la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá, advirtió que las bases son “focos de violación a los Derechos Humanos y al derecho internacional”. Pidió al gobierno pensar seriamente en la historia que ha vivido Panamá para decidir sobre la instalación de las bases. Esta noticia, sumada al establecimiento de las siete bases en territorio colombiano y la reactivación de la Cuarta Flota en el Atlántico Sur, levanta sospechas sobre la política exterior que los EEUU están aplicando en la región.