Bethsabé H, Escritora y feminista

Cuando Claudia destroza las muñecas de ojos azules y cabellos rubios que le regalan por Navidad, se gana la desaprobación de su comunidad y su familia. Para todos es una actitud egoísta y mezquina de su parte, porque sus mayores siempre quisieron tener muñecas así y nunca las tuvieron, mientras que ella que tiene esa gran suerte no sabe apreciarla. “Adultos, niñas mayores, tiendas, revistas, diarios, escaparates, el mundo entero se había puesto de acuerdo en que una muñeca de piel rosada, cabello amarillo y ojos azules era lo que toda niña consideraba un tesoro (…) A mí me inspiraba un solo deseo: despedazarla” (1).

Claudia, el personaje que abre la novela de la escritora norteamericana ─Premio Nobel de Literatura─ Toni Morrison, Ojos azules, tiene la piel negra, el cabello negro y crespo, los ojos oscuros; duerme en una misma cama con su hermana mayor Frieda y con Pecola, una niña también afrodescendiente que no tenía a dónde ir y que su mamá acoge, a pesar de las limitaciones y la pobreza en la que ya vive la familia. Claudia dice odiar a todas las Shirley Temple del mundo, pero sabe que cuando sea más grande su desarrollo psíquico le permitirá quererlas.

"Cuando descubrí cuán repulsiva era esta violencia desinteresada, y que era repulsiva porque era desinteresada, mi vergüenza deambuló torpemente en busca de refugio. El mejor escondrijo fue el amor; de ahí la conversión del prístino sadismo a la aversión manufacturada y al amor fraudulento. Era un pequeño pasito hacia Shirley Temple. Mucho después aprendí a adorarla, igual que aprendí a deleitarme en la limpieza, sabiendo, incluso cuando ya lo había aprendido, que el cambio era una adaptación, no una mejora"

Lo que describe Morrison a través de sus personajes en Ojos azules, su primera novela, es la opresión simbólica que deben sufrir aquellas niñas que no se parecen y nunca se parecerán a los modelos de belleza agobiantes que impone la sociedad norteamericana y que han trascendido sus fronteras para imponersenos, en aras de la llamada globalización, a todos y todas, en todos los rincones del planeta. Ni Pecola, ni Frieda, ni Claudia podrán verse a sí misma bellas, porque su belleza, la textura de su piel, los rasgos de su rostro, no son los que ven reflejados y validados en anuncios, revistas, personajes famosos; y cuando los ven, son igualmente tan perfectos y ajenos como los cabellos rubios y la tez blanca de Greta Garbo, Ginger Rogers, o más adelante, Marilyn Monroe. Estas niñas se educan en una gran frustración o en una total enajenación, volviendo su inicial rechazo en la devoción más absoluta, por efecto de la presión social, como le sucedió a Claudia.

Al igual que esas niñas, en nuestro país, los cabellos negros, la piel aceitunada, el ancho de las caderas, la baja estatura, entran en conflicto con las representaciones de mujeres y hombres que introducen una única concepción de belleza, vinculada a su vez a rasgos de bondad inherentes ─que no son tales─, proveniente de características europeas, occidentales y norteamericanas, que impide un reconocimiento de lo que vemos con lo que somos, que en el mejor de los casos nos hará voltear la cara a otra parte y en el peor generará daños en la salud y en el cuerpo, transtornos, infelicidad o muerte.

De ahí que celebro que, de un tiempo a esta parte, podamos apreciar nuevos modelos, imitables, anhelables, en los que los rasgos que definen a buena parte de nuestra población, también puedan ser objeto de admiración y belleza. Es el caso por ejemplo de la publicidad de Nescafé que ha tomado como protagonista a Magaly Solier. Este ejemplo tiene gran relevancia porque Magaly es una joven ayacuchana, cantante y actriz, que ha ganado un amplio reconocimiento nacional e internacional por su trabajo artístico. Su canto quechua ha sonado en Berlín y ha conseguido que mujeres y hombres se reconozcan en esa lengua, en ese rostro, en ese logro (2).

Quiero destacar además que la figura de Magaly, en el set de grabación en el que hace una pausa para ir hacia Huanta, Ayacucho, Perú, a recobrar fuerzas en su familia, en su madre, en su tierra, como se ve en el spot; significa para las jóvenes y mujeres que la ven, la apertura a otros horizontes profesionales, la posibilidad de soñar, desear, luchar por ser actrices; pero también directoras, luchadoras de box (3), entrenadoras, campeonas de vóley; con lo que hago mención a otros anuncios en los que mujeres exitosas y profesionales están protagonizando imágenes que nos invitan a nuevas representaciones, renovadas aspiraciones de belleza, de éxito, de lo posible.

Podemos también encontrar a Natalia Málaga y Cecilia Thait, algunas de las cabezas clave de nuestro equipo campeón de vóley, medalla de plata, que hoy ya ha dado a luz a una nueva generación de matadoras. Especialmente la presencia de Cecilia es significativa como representación de nuestra población afrodescediente, invisibilizada y marginada aquí como en Estados Unidos, de lo que los libros de Toni Morrison dan cuenta con excelencia.

Magaly, así como figuras que poco a poco pueblan nuestros referentes simbólicos, nos presentan modelos alternativos de belleza que no pasan por los ojos azules o los cabellos rubios, sino que tienen nuestra piel, nuestros rasgos, en los que nos podemos reconocer, al igual que en sus logros, porque son mujeres con aptitudes, con vocaciones. Estos nuevos modelos, lo son de mujeres, pero también de su patria, que es la nuestra. Celebro que se estén usando nuevos rostros para combatir el viejo prejuicio de que lo bello es sólo blanco y que hoy la belleza, el éxito, la nación, se pueble de una variedad de colores y rostros, que le pertenecen y que la representan.

NOTAS:

(1) Morrison, Toni. Ojos azules. Barcelona: Debolsillo, 2001.

(2) Dejo para otro momento la reflexión sobre la mirada externa hacia esa identidad y la explotación mediática de lo que es muchas veces visto como exótico.

(3) No me gusta el box y me parece que es un deleite en la violencia por la violencia misma, por lo que no sé si la entrada de las mujeres a este ámbito sea una pérdida o una ganancia, pero en todo caso se hace en el pleno y total derecho a la libertad, que es lo que reivindico ahora.

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* Los artículos reflejan la opinión de sus autores y no necesariamente coinciden con la de Alerta Perú ni Forum Solidaridad Perú.

Ricardo Soberón Garrido, Centro de Investigación “Drogas y DDHH”, abogado
Tomado de Noticias SER

En los últimos días, la prensa nacional ha levantado varias de las aristas que forman parte del complejo mundo del narcotráfico, pero sobretodo, recoge las inconsistencias de las políticas que se aplican en el país. La PCM y DEVIDA resultan poco consistentes en la prevención, detección temprana, capacidad de cambio, priorización y evaluación de sus acciones de gobierno. Por ello quizá este gobierno puede ser caracterizado como el de la “gestión” subordinada de los escasos recursos de la cooperación. Nada más.

Por un lado, el 14 de julio se produjo la detención de una ex Miss Perú y tres allegados, con 225 grs de cannabis. Después del show mediático, queda en duda las bondades del sistema policial y la inexistencia de políticas adecuadas de salud: más carne para el almacén de carne humana que es nuestro sistema penitenciario. Luego, tuvimos una semana de ejercicios navales hemisféricos, con 1,500 militares de diez países en las costas de Ancón, bajo la égida del Comando Sur, en la denominada cooperación hemisférica para la seguridad y la defensa. Sin duda, el ejercicio “Sociedad de las Américas” es un claro ejemplo de la cohesión que muestra Colombia, Perú y México conjuntamente con EE.UU en la vigilancia del Pacífico, pero igual la droga llega a los mercados mundiales. Hace menos días, el Presidente García anunció con “bombos y platillos” el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos.

Simultáneamente, la Ministra de Economía Mercedes Araoz, decía que en los últimos 8 años, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) había detectado US$ 3,502 millones en 419 operaciones financieras sospechosas detectadas por los mecanismos existentes, desde el 2002. Es decir, un aproximado de 437 millones anuales. Temo que la Ministra se queda corta en la medición del impacto de la producción, tráfico interno y exportación de la PBC y la cocaína, sobre la economía peruana (por sector o por regiones). Pero sus equívocos incluyen el haber reducido el gasto público, incluyendo la reducción del financiamiento de los programas de impacto rápido (PIR) de DEVIDA en la zona. Parece indicar que dentro del mismo Estado, esta zona estratégica no es una prioridad.

Todo esto refleja el carácter episódico de los hechos políticos públicos en materia de drogas. Muestra políticas basadas en que son efectistas, simbólicas: general miedo o apoyo, como quieren los “policy makers”. Como decía el amigo Zavaleta de CEDRO: el 94% de la población está en contra de la legalización. Alguien se ha preguntado, ¿qué significa esta palabra? ¿La población está informada debidamente? No. Las políticas que ejecuta el gobierno no han tenido resultados efectivos y además, han producido múltiples daños a la sociedad peruana en general: la corrupción que aplica la policía, la tortura, violencia e incluso la muerte (caso de Wilhem Calero, a quien el 14 de julio, elementos de Aguilas Negras le sembraron cannabis).

En reciente debate, Jaime de Althaus centraba el debate sobre la legalización de la marihuana, como si este fuese el núcleo del problema. Lo que no dicen los amigos que defienden dejar las cosas como están (statu quo), es que en los últimos 30 años se han aplicado las mismas políticas fracasadas. Llega el momento de preguntarse: ¿debemos seguir haciendo lo mismo? Lo que plantean diversos grupos sociales es reducir el ámbito de aplicación de las normas punitivas. Lamentablemente, DEVIDA, sectores de la PNP y alta política, han decidido evitar cualquier cambio.

El gran reto del Perú es poder determinar con exactitud el alcance del problema de salud y de pobreza relacionados a la producción y consumo de drogas ilícitas, especialmente las más peligrosas. La cannabis, no es la más peligrosa, en todo caso es menos dañina que el alcohol y el tabaco. Luego, es necesario determinar que es posible y finalmente, escoger los instrumentos (educativos, media, penales, administrativos). Los amigos de CEDRO, Inforegión y otras entidades auspiciadas por la cooperación de los EE.UU sostienen un discurso del miedo, la guerra, priorizando la represión cuando el problema es fundamentalmente social y de políticas sociales públicas.

Ahora, veamos el VRAE ampliado a otras zonas y distritos aledaños. Recientemente, las FF.AA anunciaron cambios en la estrategia militar de la época de la denominada “Operación Excelencia”. Además, esto vendría como resultado de la ejecución institucional de las recomendaciones del asesor israelí General B.Ziv, contratado por el Comando Conjunto (antes asesoró a las FF.AA de Colombia en su lucha contra las FARC), para efectuar operaciones militares selectivas en el VRAE antes que intentar inútilmente capturar montañas o cerros.

En el campo del desarrollo alternativo, es poco lo que puede adelantar la oficina del señor Valer en el VRAE.

Tampoco el “modelo San Martín” del Señor Pizarro, que consiste en la promoción de los agro negocios en importantes extensiones de tierras en la selva alta. En cuanto a la pavimentación de la carretera Quinua San francisco, es un sueño pues solo se ha mantenido. Lamentablemente, la sostenibilidad de un trabajo de rehabilitación (mantenimiento) queda en duda ante la primera temporada de lluvias que la afectará indefectiblemente. Hay que poner atención a las acusaciones de operaciones policiales y militares en las zonas rurales del VRAE, en las que se corta la señal para evitar cualquier denuncia por la población. Así pues, las Fiestas Patrias nos traen retazos del famoso circo de la “guerra contra las drogas”, que tan bien juegan las autoridades peruanas.

Bethsabé H, Escritora y feminista

Si no fuera por el mañana,
este sería el país del mañana
Mafalda

Las viscisitudes de la Copa Mundial de Fútbol masculino y los permenores de la peruana que habría sido espía rusa en Estados Unidos catapultaron a un papel secundario una nueva tragedia ecológica que azotó ahora al departamento de Huancavelica. Con este son ya dos los atentados perpetrados contra nuestro medio ambiente y ambos comprometen nuestras aguas, el bien más preciado que hay sobre la tierra.

La Minera Caudalosa Chica es la responsable de que una gran cantidad de relave (21,420 m3) haya caído en el río Opamayo, provincia de Angareas, región Huancavelica. El relave es desecho tóxico con alta concentración en químicos, proveniente de procesos mineros, mezcla de tierra, minerales, agua y roca. Casi inmediatamente, muchos pobladores que viven en las zonas aledañas al río pudieron observar peces flotando muertos en las aguas, mucho antes de que fueran advertidos del desastre. El desastre sería mayor si se considera que el Opamayo es uno de los ríos que desemboca en el Urubamba en Cuzco. Actualmente se considera que el Opamayo está en un 80% contaminado, lo que lo inhabilitaría como fuente de abastecimiento de los varios poblados que lo tienen como único provedor de agua tanto para consumo directo como para irrigación de cultivos. Huancavelica se encuentra en estos momentos en estado de emergencia ambiental.

Huancavelica es una zona tristemente famosa en nuestro país por contar con los más altos porcentajes de pobreza, según cifras oficiales. Sin embargo, es una tierra fértil que cuenta con caudalosos ríos, grandes extensiones de terreno cultivable, hermosos paisajes y recursos naturales innumerables. Es una traición a la población y su armoniosa geografía la constante explotación minera que ocasiona graves daños humanos y que atenta contra la agricultura y la ganadería, que son sus principales medios de subsistencia. Aunque se han repetido las quejas de parte de los pobladores, a través de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), las mineras Caudalosa Chica y Buenaventura siguen en pie.

Semanas atrás, Pluspetrol era la responsable de que alrededor de 400 barriles de petróleo se derramaran, en una extensión aproximada de 80 kilómetros, en el Río Marañón, uno de los principales afluentes del Río Amazonas, en la región Loreto. Unas 28 comunidades nativas y 4000 pobladores de los distritos de Parinari y Urarinas se vieron afectados en vista de que el Marañón es su única fuente de abastecimiento de agua. A su vez, el tramo del Marañón contaminado rodea la Reserva Pacaya Samiria, hecho que la mayoría de los periódicos ha olvidado mencionar, lo que sin duda agrava sobre manera el impacto ecológico.

Pacaya Samiria es la reserva ecológica más grande del Perú, con una extensión de más de 2 millones de hectáreas, en cuyo territorio sobreviven una gran cantidad de especies amenazadas como los delfines rosados (en la imagen), nutrias gigantes y caimanes negros. Es uno de los lugares con mayor riqueza biológica del planeta. Por la cantidad de fuentes de agua que posee, se le conoce también como “la tierra de los ríos espejos”.

La Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes (FECONACO), habría denunciado a Pluspetrol por 5 derrames en el 2007 y 18 derrames en el 2008 ante el Organismo Supervisor en Energía y Minería (Osinergim), sin que esta entidad tomara ninguna medida al respecto, desoyendo su mandato por la protección de la población y el medio ambiente en el entorno minero. También la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente, ORPIO, ha demandado al Estado por no proteger los intereses de la población, por desatender nuestro medio ambiente y favorecer a los grandes capitales petroleros.

Meses atrás, una fuerte protesta social encabezada por los dirigentes del valle del Tambo (Islay, Arequipa), en defensa de la tierra y en contra de un proyecto de excavación minera de la Southern Perú, levantaba a la opinión pública contra los que se consideran revoltosos, contra quienes van en contra de lo que es llamado “progreso”. Hoy ese “progreso” contamina nuestros ríos, nuestras tierras y nuestro mayor tesoro, la riqueza ecológica de nuestro Perú.

No entiendo cómo una posible espía o un campeonato deportivo puede girar los ojos ante hechos de magnitudes tan graves como las aquí descritas. Las cortinas de humo funcionan, pero no deben cegarnos ante la urgencia de hacer que el Estado responda a los intereses de todos los peruanos y peruanas y no a un grupo de inversionistas. Cuando un país como el nuestro con una tal variedad de hábitas naturales invaluables sufre atentados como estos es necesario tomar las calles, hacer un paro, al menos, alzar la voz.

La explotación minera como la petrolífica desde siempre ha estado peleada con un ambiente de respeto del medio ambiente, pues aún si los organismos reguladores funcionaran y no estuvieran vendidos a los capitales a los que deben fiscalizar (como ocurre con la mayoría de nuestros organismos reguladores), no hay 100% de garantía de que un desastre ecológico ocurra, pensemos en las costas de Florida hoy tristemente contaminadas con petróleo y toda la fauna marina que ha muerto en el golfo. En estos casos la eficiencia es la prevención pues después de ocurrido un desastre, ya no hay remedio posible, ni suma de dinero capaces de hacer renacer especies muertas, de recrear un río o de limpiar mares contaminados. En este caso el mañana es hoy, de lo contrario ya no hay posibilidad de futuro.

Un video prohibido en Argentina que denuncia los efectos nocivos de la extracción minera a gran escala en ese país nos señala que además de la indudable responsabilidad del Estado de proteger los recursos naturales y garantizar un uso sostenible de los mismos, como consumidores también podemos y debemos hacer algo. Un solo anillo de oro equivale a 18 toneladas de desechos tóxicos. Para separar el oro de la roca en un día se utilizan 10 toneladas de cianuro y 300 mil m2 de agua potable. El cianuro es letal. Este video denuncia además que usualmente los depósitos de relaves colapsan y el agua contaminada cae en ríos y fuentes naturales del líquido elemento básico para la vida, como acaba de ocurrir en Huancavelica.

El mayor legado que para mí nos ha dejado las culturas prehispánicas es el respeto a la naturaleza, la adaptación a una geografía agreste y rica, la conquista de la naturaleza no por la fuerza, la violencia y la destrucción, sino en convivencia armónica con la misma. Este aprendizaje debería guiar hoy las acciones del Estado, de los pobladores, de los consumidores y de la población en general. Porque el agua y la vida no se negocian. El Perú debe pensar en qué imagen de progreso quiere vislumbrar, una en la que la minería siga siendo una de las principales fuentes de impulso a la economía, en contra de nuestra ecología, o aquella en la que eso que nos distingue como país diverso y único, como paraíso natural y cultural, dicte el norte de nuestras acciones.

Raúl Chacón Pagán , sociólogo
http://elecochasqui.wordpress.com/

Los recientes desastres extractivos de las regiones de Huancavelica y Loreto nos motivaron a consultar a varios activistas ambientalistas y expertos ambientales acerca de los desafíos de la fiscalización ambiental en el país y qué hacer al respecto para superarlos. Las interesantes respuestas de ambos grupos siguen a continuación, por separado.

Los primeros son más escépticos y abarcadores, pues sostienen que en las actuales condiciones políticas y dentro de este modelo económico poco se puede hacer. En el Perú poco se trabaja el tema tecnológico o ambiental (agua). Los fiscalizadores casi siempre aceptan la versión de las empresas. Y en el caso de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los hacen y financian las empresas, que son juez y parte. Añaden que es esencial el ordenamiento territorial, así como la premisa de que las actividades extractivas siempre conllevan un riesgo alto de contaminación, a pesar del discurso de las tecnologías limpias. Ello ya ha sido comprobado por estudios sobre riesgo inevitable en minas de los Estados Unidos. Por eso es que mineras grandes, como Yanacocha, han comprado y siguen comprando tierras a los campesinos para evitar estos riesgos a la población (y aún así los afectan). El problema es que el mapa geológico que indica el potencial minero o hidroenergético no siempre coincide con regiones deshabitadas o ecológicamente “invulnerables”. Por el contrario, casi todo el potencial minero se encuentra en cabeceras de cuenca, con lo que el riesgo de afectación es bastante alto.

En el nivel institucional, sostienen que el ajuste estructural de los años 90s, con la creación de organismos de control como el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) y la tercerización de las actividades de fiscalización en la legislación minera, no ha traído mucho beneficio en términos ambientales. OSINERGMIN ha puesto muchas multas a empresas transgresoras, pero hay un porcentaje muy bajo que se hayan pagado, pues casi todas las empresas las apelan contratando a famosos estudios de abogados. Por otro lado, el perfil de OSINERGMIN es muy técnico, pues su función es constatar que no se viole ni la legislación minera ni ambiental, pero no tiene ninguna potestad coercitiva. A veces, sus funcionarios ni siquiera pueden entrar a la propiedad de las mineras. Finalmente, no hay ninguna disposición en ninguna de las legislaciones (minera, ambiental, etc.) sobre qué hacer en caso de afectación de las aguas, como pasó en el río Marañón o en el río Opamayo. Simplemente, se asume que las empresas deben enmendar lo que han ocasionado, pero esto es absurdo totalmente. No hay ninguna institución pública (salvo Defensa Civil) que se encargue de resolver el entuerto y esto es sintomático de lo poco que les importa a nuestros gobernantes lo que le suceda a la gente. Es el efecto perverso del discurso minero respecto a la eficiencia y la infalibilidad de la tecnología y en general del extractivismo, que llevan a una falta de precaución casi absoluta.

Ante ese panorama, los activistas proponen un organismo de fiscalización independiente que no esté en manos del Ministerio de Energía y Minas o de cualquier otro ministerio. Además, luego deberán subirse drásticamente las multas o cerrarse las minas. Asimismo, no debe haber actividades extractivas en zonas habitadas ni de fragilidad ecológica, simplemente por el principio precautorio. Para cumplir su función, OSINERGMIN puede contratar empresas privadas supervisoras, así como auditorías, estudios o asistencia técnica, para complementar la labor de supervisión, y los costos de todas estas contrataciones deberán ser asumidos por el titular de la actividad minera.

De otro lado, los expertos ambientales consideran que la fiscalización ambiental en hidrocarburos es más deficiente aún que la realizada en minería, siendo una de las supuestas razones de esto lo difícil de acceder a la selva. Además, OSINERGMIN, al menos en ciertos casos, es demasiado lento, pues ya conocía que las relaveras de la minera Caudalosa no marchaban bien desde el 2008, pero no tomó al respecto las medidas suficientes, como sí lo ha hecho en otros casos. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente (MINAM) pudo haber sido un buen organismo fiscalizador, pero pusieron ahí a gente que nunca había fiscalizado en su vida. Otro problema del sistema de fiscalización está en su forma de hacer seguimiento. Si no hay fiscalizadores especializados y cuando se realizan las sanciones no se ejecuta el pago de las multas, entonces es como si todo lo hecho no sirviese y se pierde credibilidad. Además, se paralizan obras pero no se exige que se haga la remediación ambiental. Tal situación estaría por cambiar en parte con la implementación de las fiscalías para delitos ambientales desde el MINAM, aunque aún no hay presos por estos casos, pero los empresarios mineros y sus ingenieros ya están muy preocupados por las posibles consecuencias penales, además del tiempo que les demanda atender estos procesos.

Algunas salidas técnicas sugeridas por los expertos para mejorar la fiscalización ambiental son: Implementar un sistema de monitoreo de la calidad del agua en ríos, que incluya las relaveras, y la calidad del aire, con las plantas de beneficio y refinerías en tiempo real. Es decir, hay que tener una red de estaciones de medición de calidad del agua y aire con sensores que reporten a un satélite y este derive al organismo de fiscalización. El inconveniente con este sistema es el alto costo de la estación, la implementación del sistema que funcione con el satélite, que también es caro, y además se debe pagar anualmente por el servicio y los costos de la transferencia de datos. La fiscalización debe ser participativa, usando el mecanismo de vigilancia ambiental por parte de la población civil, en coordinación con las autoridades. Es decir, la población debe fijarse un objetivo concreto y tener un plan de trabajo y recibir capacitación para realizar los objetivos que se planteen. La vigilancia ambiental tiene por objeto identificar situaciones irregulares, con falta de seguridad o de mantenimiento de obras, pero lo más importante es la búsqueda de soluciones. También se puede usar el voluntariado ambiental para las capacitaciones. Asimismo, la fiscalización debe estar en organismos independientes y técnicos, no supeditados al poder político (caso SUNAT), pues de otra manera no se gana el respeto del público; tener presupuesto y unas cinco oficinas macrorregionales, totalmente autónomas y con presupuesto suficiente, que estén capacitando constantemente a los pobladores para que los convierta en los guardianes del medio ambiente. Las multas deben ser más fuertes; exigir fianzas cuando se encuentra una situación anómala. El Ministerio de Salud debe ser más preventivo, y contar con más toxicólogos. Por último, las ONGs tienen que tecnificarse y ser muy cuidadosas de defender causas flagrantes.

En conclusión, el diagnóstico y el tratamiento sugerido por ambos grupos no es del todo distinto, aunque los primeros le dan más énfasis a las causas de la debilidad de la fiscalización ambiental, subrayando la predominancia actual de la lógica extractivista en los sistemas social, político, ambiental y económico. Mientras los segundos apuntan más a posibles salidas técnicas que, de hecho, es necesario tratar de implementar a corto y mediano plazo, a fin de evitar los a veces notorios y desastrosos efectos de las industrias extractivas. El desafío inmediato es cómo lograr que la lógica extractivista permita implementar, luchando contra el tiempo, reformas que supuestamente no son necesarias para ella.

Nota: Mi profundo agradecimiento a los activistas y expertos ambientales que respondieron mis preguntas para redactar este texto. Entre los primeros puedo mencionar al Ing. Reinhard Seifert y la abogada Patricia Urteaga. Entre los segundos destacan los ingenieros María Chappuis y Mario Cedrón, además de otros más que por razones laborales me abstengo de mencionar.

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* Los artículos reflejan la opinión de sus autores y no necesariamente coinciden con la de Alerta Perú ni Forum Solidaridad Perú.