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Domingo 21 de Marzo de 2010
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Grietas en el bloque occidental

Raúl Zibechi
19/03/2010
Tomado de ALAI

La crisis financiera y económica de 2008 está modificando el mapamundi. Al sacudón inicial sucede un lento pero persistente reacomodo del tablero global, que muestra un serio deterioro del poder de la otrora única superpotencia. Turquía, Alemania, Japón y Brasil toman distancias, y comienzan a tejer nuevas alianzas.

Las ondas concéntricas que formó la crisis con epicentro en Estados Unidos, van alcanzando, con diferente intensidad, a cada región. En algunos casos se trata apenas de pequeñas olas -como se jactara un año atrás el presidente de Brasil- pero en otros esas ondas tienen la potencia de fuertes marejadas, capaces de destruir viejas alianzas y abrir el juego a nuevos actores. La década que recién comienza promete grandes cambios, algunos de los cuales ya se avizoran.

El caso más notable, y en el que todos los observadores coinciden, es el vigoroso ascenso de China como única potencia capaz de desplazar a los Estados Unidos. A la vez se suceden otros cambios menos visibles, no tan contundentes, pero que representan cargas de profundidad al sistema de alianzas en el que se asentó la hegemonía occidental en el último medio siglo, o sea desde que en 1945 finalizó la Segunda Guerra Mundial.

Alemania profundiza su alejamiento de Washington y se acerca a Rusia; Turquía hace lo mismo, pero también se aleja de Israel, y se aproxima a Siria e Irán; Japón entra en colisión con la política militar del Pentágono y tiende la mano a China. Más aún: sectores de la Unión Europea piden el ingreso de Rusia a la OTAN y Brasil ya tiene un verdadero conflicto con la Casa Blanca. Según todos los datos, esto es apenas el comienzo de un profundo reajuste que no dejará nada en su lugar. Un ejemplo: el reciente ataque especulativo de los hedge funds al euro ha provocado una creciente desconfianza de los europeos hacia Wall Street, al punto que Alemania y Francia se plantean crear el Fondo Monetario Europeo.

Turquía despierta

Durante la guerra fría Turquía fue el principal aliado de occidente en Medio Oriente (junto a Israel), cuya misión asignada y aceptada consistía en contener a la Unión Soviética. La presencia militar estadounidense en Turquía siempre fue un elemento considerado estratégico por el Pentágono. Este papel comenzó un lento deshielo desde que en el 1989 se derrumbó la Unión Soviética y desaparecieron así las amenazas provenientes del este que mantuvieron al país amarrado a Washington. En los últimos meses este proceso se aceleró al punto de constituir “la más profunda revisión efectuada por Ankara desde su entrada a la OTAN en 1952”*.

El ataque israelí a la Franja de Gaza en diciembre de 2008 fue, según el GEAB, el acontecimiento que aceleró el cambio de orientación turco. Luego vino la decisión de revocar la autorización a la aviación israelí para realizar entrenamientos en el espacio aéreo turco. En octubre de 2009 Ankara rechazó la participación de Israel en maniobras de la OTAN y anunció la realización de maniobras conjuntas con Siria.

Si lo anterior significa un cambio a contramano de lo que Estados Unidos espera de un aliado, las cosas fueron más lejos cuando el primer ministro turco, Recep Erdogan, se definió públicamente como amigo del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, sellando la negativa a acompañar las sanciones a Irán por su programa nuclear. Las crecientes dificultades para el ingreso de Turquía en la Unión Europea es otro punto de fricción con los países occidentales. Las condiciones de la UE para aceptar la adhesión han sido mal recibidas en Turquía, tanto por el gobierno como por una opinión pública sensible a cualquier intromisión foránea, ya que se va abriendo paso la percepción de que son rechazados por los europeos.

El último conflicto se desató a comienzos de marzo cuando la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes aprobó una declaración que califica de “genocidio” las masacres de armenios durante el Imperio Otomano. La resolución irritó al gobierno turco porque, en su opinión, demuestra que el gobierno estadounidense “no insistió suficientemente” en sus esfuerzos para impedir su adopción. El ministro de Relaciones Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, agregó que su gobierno estaba “sumamente afectado” (AFP, 5 de marzo). Los armenios presionan en Estados Unidos para que sean reconocidas como “genocidio” las masacres y deportaciones en las que más de un millón y medio de armenios perdieron la vida entre 1915 y 1917. Por su parte, Turquía reconoce la muerte de 300.000 a 500.000 personas, pero alega que no fueron víctimas de una campaña de exterminio sino del caos de los últimos años del Imperio Otomano. La polémica está servida y la Casa Blanca no podrá conformar a ambas partes, en tanto Hillary Clinton aseguró que “trabajaremos muy duro” para evitar que el proyecto llegue al plenario de la Cámara de Representantes.

Este viraje de Turquía fuera del campo occidental sucede mientras gobierna un partido religioso, el AKP, y se debilita el poder de los militares, que siempre fueron el sector más pro-occidental del país. En febrero fueron detenidos 67 altos mandos militares, de los cuales 31 han sido enviados a prisión provisional, acusados de haber tramado un golpe de Estado en 2003, un año después de que fuera elegido el actual gobierno.

Alemania y Japón

A fines de febrero el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Guido Westerwelle, pidió a Estados Unidos que retire las armas nucleares que mantiene en ese país (Der Spiegel, 25 de febrero). El ministro alemán siguió los pasos de Noruega, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que enviaron una misiva el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmusssen, para que la próxima conferencia del organismo discuta la desnuclearización de Europa.

Alemania alberga 20 de los 200 misiles nucleares que el Pentágono tiene estacionados en Europa. Aunque Westerwelle viene solicitando desde hace algunos meses una medida de ese tipo, algunos analistas estiman que trata de utilizar el tema para sintonizar con una opinión pública que desde hace años rechaza las armas nucleares y exige vehementemente su retirada. Sea como fuere, hay dos hechos incontrastables: Alemania consolida su autonomía de Estados Unidos, algo que viene aconteciendo desde que el canciller Willy Brandt lanzó a comienzos de la década de 1970 la Ostpolitik para afianzar relaciones pacíficas con la Unión Soviética. Esa autonomía fue más visible aún cuando Alemania, Francia y Rusia se negaron a acompañar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a Estados Unidos en su escalada para invadir Irak, en 2003. El segundo, es la dura reacción de Washington. Una vez más correspondió a la señora Clinton llamar las cosas por su nombre: “Este mundo peligroso aún necesita la disuasión”, dijo, y pidió que “no haya ninguna medida precipitada que la socave”.

Un paso más lo están dando Alemania y Francia (ambos con gobiernos conservadores) al proponer a la Comisión Europea la creación de un Fondo Monetario Europeo, como reacción ante el feroz ataque especulativo de Wall Street contra Grecia y España (Le Monde, 8 de marzo). Fue el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble quien vinculó el tema a al estabilidad del euro, aclarando de modo muy significativo que “la zona del euro es capaz de solucionar sus problemas por sí sola”, rechazando la intervención del FMI.

El contencioso entre Estados Unidos y Japón es más reciente pero puede afectar toda la arquitectura de la superpotencia en el Pacífico. El 31 de marzo el Partido Demócrata desplazó al Partido Liberal por vez primera en 55 años. Washington perdió un aliado, algo que fue visible cuando el nuevo primer ministro, Yukio Hatoyama, encaró de forma diferente el viejo litigio sobre las bases estadounidenses en Okinawa.

Hasta ese momento se venía negociando un acuerdo por el que se pudieran transferir parte de las tropas estacionadas en la isla de Okinawa a Guam, y reubicar la base en otra zona de la misma isla. Sin embargo el gobierno de Hatoyama pide, sin vueltas, que todas las tropas se retiren. El contencioso se fue agriando cuando salieron a la luz, esta última semana, datos que revelan que el Partido Liberal y Estados Unidos tenían pactos secretos que violaban las leyes japonesas y engañaron a la opinión pública.

En efecto, la Constitución nipona establece -como consecuencia de las tragedias de Hiroshima y Nagasaki- los principios de no poseer, no producir y no permitir armas nucleares. Una comisión especial del Ministerio de Relaciones Exteriores acaba de difundir que hubo acuerdos para que, por ejemplo, los barcos estadounidenses con armamento nuclear pudieran entrar en puertos japoneses, ya que en los años 60 y 70 el gobierno mantuvo un programa nuclear secreto con Estados Unidos que le permitía a ese país trasladar armamento atómico por el territorio nacional sin necesidad de una consulta previa.

Lo grave es que esos acuerdos fueron negados durante décadas por los gobiernos pro estadounidenses. La revelación de estos documentos, “puede tensar aún más las degradadas relaciones bilaterales con Estados Unidos” (La Vanguardia, 10 de marzo). La señora Clinton se mostró molesta con Japón y dijo que su país no está dispuesto a modificar los acuerdos militares. Para empeorar las cosas, Hatoyama hizo un llamado para la creación de la Comunidad de Asia Oriental, incluyendo a China, Corea del Sur y Japón, pero sin Estados Unidos. Sin duda habrá marchas atrás y al costado, pero parece evidente que Japón ya no volverá a ser un fiel e incondicional aliado del Pentágono en la región más caliente del planeta. Immanuel Wallerstein evalúa los pasos dados por alemanes y japoneses: “Mientras Alemania y Francia se acercan a Rusia, y Japón y Corea del Sur se acercan más a China, Estados Unidos ya no puede contar, de ningún modo, con las dos rocas sólidas sobre las cuales construyó su estrategia geopolítica como potencia (alguna vez hegemónica) del sistema-mundo” (La Jornada, 10 de enero).

Brasil ahonda la crisis

La profundidad de la crisis en curso debilita el papel de Estados Unidos en el mundo, a tal punto que toda la red de alianzas tejida desde 1945 está haciendo ruido. Los crujidos se escuchan en los rincones más inesperados del planeta, y aunque no tienen la envergadura de los tres casos detallados arriba, merecen un seguimiento para confirmar un crecimiento de la tensión en las relaciones internacionales. Cuatro sucesos recientes confirman que vivimos en un mundo más inestable.

La reciente visita del vicepresidente Joe Biden a Israel muestra un distanciamiento sin precedentes entre ambos aliados. Biden viajó para entrevistarse con Benjamín Netanyahu y convencerlo de instalar una mesa de negociaciones con los palestinos, ya que Barack Obama considera que la resolución del conflicto en Medio Oriente es la pieza calve en su objetivo de mejorar las relaciones con el mundo árabe. Pero Biden fue recibido con la noticia de la construcción de 1.600 nuevas viviendas en Jerusalén Este. En contraste, Lula consiguió impactar en su reciente visita a Israel, cuando no sólo se mantuvo firme en su condena a cualquier ataque contra Irán sino9 que se mostró como posible “puente” en el conflicto como señala Pepe Escobar (Asia Times, 18 de marzo).

Pese a que Biden y Netanyahu son amigos desde hace dos décadas, la Casa Blanca consideró la noticia como una ofensa, al punto que Obama lo tomó como un insulto personal. La pequeña venganza de Biden fue llegar una hora y media tarde a la cena con el primer ministro israelí. Es improbable que las cosas vayan más lejos, en vistas de la potencia del lobby judío en Estados Unidos, pero en el Congreso no son pocos los que creen que ha llegado la hora de iniciar un “procedimiento de castigo” contra Israel (El País, 12 de marzo).

El 8 de marzo cuatro importante personalidades alemanas publicaron una carta abierta en varios medios exigiendo el ingreso de Rusia en la OTAN. Se trata de Rühe Volker, ministro de Defensa de 1992 a 1998, el general retirado Klaus Naumann, ex presidente del Comité Militar de la OTAN, el embajador Frank Elbe, director de Planificación en la cancillería, y el vicealmirante y ex director del Planificación de la Defensa, Ulrich Weisser. Estiman que la OTAN necesita a Rusia para resolver los problemas en Afganistán y Oriente Medio y para garantizar la seguridad energética (Der Spiegel, 8 de marzo). Este posicionamiento colectivo refuerza la percepción de la dirección que están tomando los intereses alemanes y, por añadidura, franceses.

Las relaciones entre China y Estados Unidos no dejan de deteriorarse por motivos militares, económicos y políticos. Luego del cuestionado encuentro entre Obama y el Dalai Lama, Washington anunció la venta de un paquete de armas a Taiwán valorado en 6.400 millones de dólares mientras Beijing anunciaba represalias a las empresas involucradas. En todo caso, lo más significativo es una viraje en la política china de compra de bonos del Tesoro estadounidense, que se traduce en la venta de 45.000 millones de dólares de esos títulos en los últimos cinco meses.

Diario del Pueblo, órgano del partido Comunista, fue muy claro en su edición del 24 de febrero. “La cuantiosa deuda y el déficit presupuestario del gobierno estadounidense, sólo pueden controlarse con la emisión de dólares, lo que llevaría a la devaluación de los activos denominados en esa moneda”. Hasta fines de 2009 China era el principal tenedor de bonos estadounidenses, lugar que ahora ocupa Japón. El periódico estima que con una deuda del 90 pro ciento del PIB y un déficit fiscal cercano al 11 por ciento del PIB, los inversores están “secuestrados” por el dólar. Para romper esa situación, “China debe acelerar el tránsito hacia la internacionalización de al moneda china, el renminbi, reducir su demanda de dólares y el coeficiente de dólares en sus superávits de pago, para aliviar así la creciente presión económica derivada de la influencia que ejerce el desequilibro externo del país”.

Por último, las relaciones entre la Casa Blanca y Brasil se vienen deteriorando mes a mes, como lo atestigua la reciente visita de la señora Clinton al presidente Lula. Los puntos en disputa son muy variados y algunos han estado en el tapete en los últimos meses: las sanciones a Irán, la reconstrucción de Haití, la democracia en Honduras, las bases en Colombia y la disputa comercial. Lula fue muy claro y dijo que imponer sanciones a Irán puede ser perjudicial para el diálogo con ese país y a la vez defendió el derecho de cualquier país de enriquecer uranio al 20 pro ciento como autoriza el Tratado de No Proliferación Nuclear. En todo caso, fue uno de los temas más espinosos en la agenda. El otro es la decisión de Brasil de aplicar sanciones comerciales a Estados Unidos por 560 millones de dólares, por subvenciones a sus productores de algodón. El canciller Celso Amorim dijo que Brasil prefiere no ingresar en la vía del contencioso legal, pero que el país “no se va a doblar” ante naciones más fuertes. Pero el mensaje va mucho más allá: Estados Unidos no está en condiciones de imponer su voluntad en la región, que alguna vez fue su patio trasero.

* “El despertar de Turquía: la progresiva salida del campo occidental”, GEAB No. 39, del Laboratorio europeo de Anticipación Política, 17 de noviembre de 2009.

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* Los artículos reflejan la opinión de sus autores y no necesariamente coinciden con la de Alerta Perú ni Forum Solidaridad Perú.

Actualizado ( Viernes, 19 de Marzo de 2010 11:54 )

 

Definiciones en salud

Alexandro Saco
10/03/2010

Para entender por qué la salud en el Perú es casi un privilegio, es útil perfilar las lógicas que impulsan hacia determinadas formas de viabilizar o no el ejercicio del derecho a la salud. Con el fin de facilitar el análisis nos ubicaremos en el campo de los servicios de salud y de la organización sanitaria, dejando para otro momento lo relacionado a la determinación social de la salud.

En el país existe cierta tendencia a reconocer que todos tendrían derecho a acceder a servicios de salud. Pero esa tendencia, entre otros motivos, está limitada por una contradicción constitucional. Mientras el artículo 11 señala que el Estado sólo garantiza el libre acceso a prestaciones de salud, el artículo 10 sí reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social. La seguridad social indudablemente incorpora a la salud como uno de sus alcances.

La Constitución de 1993 facilita así la implementación de una competencia en la que el mercado es el que distribuye el acceso a salud sobre la base de la capacidad adquisitiva; pero a su vez sostiene otra perspectiva amparada en la seguridad social, que según sus principios impulsa la concreción plena del derecho a la salud. Es justamente esa la discusión que el país y el salubrismo no han resuelto. Pero lo que sí es comprobable, es que el Estado, desde el régimen iniciado en 1992, ha optado por fortalecer la primera perspectiva.

Si el Estado sólo garantiza el acceso a las prestaciones de salud, en la práctica abdica de su responsabilidad frente al derecho a la salud y se focaliza en brindar atenciones a los pobres extremos y con suerte a los pobres. Para hacer eficaces sus escasos recursos, obliga a los beneficiarios de sus atenciones en salud, a demostrar su pobreza y así extenderles una identificación. Eso lleva a implementar el subsidio a la demanda a través de mecanismos de pago denominados eufemísticamente seguros públicos. Y como es obvio, estos seguros nunca serán integrales porque no se cuenta con los *recursos suficientes* para ello. Se profundiza así la distinción entre ciudadanos que deberían tener los mismos derechos, y se establecen paquetes de atenciones que crean situaciones que llegan a límites que vulneran la dignidad humana.

Por su lado, la perspectiva universalista e integral, plantea que el acceso a los servicios de salud no depende de la capacidad adquisitiva o condición de pobreza de las personas, sino de su condición de seres humanos. Ello hace que se promueva la exigibilidad de atenciones sanitarias, frente a lo cual el Estado debe organizarse e impulsar las reformas necesarias para brindarlas progresivamente. Si bien ello implica un mayor financiamiento, también hace evidente la necesidad de ir hacia una real reforma sanitaria justamente para facilitar ese acceso universal e integral. Esa reforma se hará más necesaria si por delante se coloca el derecho a la salud; mientras que si colocamos por delante la focalización y la siempre útil excusa de la escasez de recursos, eso lleva a que las gestiones gubernativas se satisfagan con dar salud a medias a los más pobres.

En el Perú la primera perspectiva es la que se viene desarrollando; es decir, el Estado está básicamente centrado en llevar paquetes de atención a los pobres. De esa forma, todos los demás agentes sanitarios en la práctica hacen lo que su interés inmediato requiere. No es casual así la expansión de franquicias en salud como los Hospitales de la Solidaridad, la pantalla publicitaria de EsSalud, la multiplicación de cadenas de farmacias, el crecimiento de los seguros privados restrictivos en sus atenciones, y tantos otros fenómenos que han llevado a algunos a sostener que el Perú sería un Estado fallido en lo sanitario.

Otros creemos que no, que esta pugna por una real universalización frente a la focalización, se puede revertir. Para ello es necesario animar el debate ideológico y demostrar con datos e ideas a lo que lleva esta tendencia. Colombia, que ha sido y es el campo de experimentación del aseguramiento en salud, se encuentra en colapso sanitario. Los defensores de ese modelo señalan que el 90% de los colombianos cuenta con un seguro de salud; eso es cierto, pero lo real es que ese seguro no garantiza las atenciones ya que los ciudadanos acceden sólo a determinado plan mínimo de atenciones; además, el gobierno enfrenta el chantaje de las aseguradoras privadas que cada fin de año insisten para que se les aumente el financiamiento.

La propia ley marco de aseguramiento universal en salud promulgada hace un año, reconoce en su artículo uno, el derecho pleno y progresivo a la seguridad social en salud. Por ello el actual estado de ampliación de acceso a salud debe ser visto como un tránsito, lo más corto posible, para llegar a una universalización real, en la que no sea la propiedad o no de bienes la que defina el acceso a salud, sino la condición de ser humano. Para eso es necesario ampliar el marco de discusión y superar la estreches que el aseguramiento en salud plantea, derivando en los temas sustanciales, que son los que tienen que ver con la consolidación de derechos para el ejercicio de libertades y capacidades. En salud, ello se podrá construir únicamente desde una lógica pública; esta lógica implica que el Estado asume su responsabilidad y permite el concurso de públicos y privados en el ámbito sanitario, pero con condiciones en las que prima el derecho y no el interés.

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* Los artículos reflejan la opinión de sus autores y no necesariamente coinciden con la de Alerta Perú ni Forum Solidaridad Perú.

Actualizado ( Viernes, 19 de Marzo de 2010 11:53 )

Crousillat: un solo hecho, muchos caminos abiertos

Giancarlo Castiglione, coordinador del área de Desarrollo Social Participativo de FSP

El indulto – desindulto del hoy nuevamente prófugo de la justicia José Enrique Crousillat ha terminado teniendo efectos inesperados en diferentes niveles. Lo esencial en esto más que la “indignación ciudadana” -que prácticamente no existió- ha sido la presión mediática y en buena hora.

En criollo, es un disparo que salió por la culata. Un aparente indulto humanitario a un septuagenario moribundo parecía justificado por más que éste haya sido condenado por corrupción, pero terminó por los suelos cuando el beneficiado por la gracia presidencial se paseaba por los restaurantes y playas de la ciudad y en el colmo de la audacia buscó tomar nuevamente el control de América Televisión.

Este indulto en realidad olía a globo de ensayo para una posterior liberación de Alberto Fujimori alegando razones de salud. Se sabe que los manidos exámenes médicos pueden ser manipulados por quienes tienen la sartén por el mango, dado que como dijimos líneas arriba la “indignación ciudadana” parecía no existir. Es decir, si la gente dejó pasar por alto esta liberación, no iba a ser muy complicado liberar a Fujimori y cualquier manifestación en contra de ella fácilmente (en cálculos de la alianza aprofujimorista) podría haber sido ahogada por las numerosas huestes del fujimorismo electoral que está, según las encuestas, en el segundo puesto de las preferencias de la población.

Ese escenario de probable indulto ha quedado seriamente dañado. Después de la reacción de los medios de comunicación recién se ha empezado a despertar a la ciudadanía, prueba de ello es el bajón en las encuestas que ha tenido Alex Kouri frente a Lourdes Flores y es que la agenda temática impuesta por los medios puso sobre el tapete la corrupción de manera recurrente y el más afectado terminó siendo el hoy candidato del fujimorismo, amigo también de Alan García y líder del partido de origen del vicepresidente de la República.

El que ha terminado literalmente sancochado con todo esto es Aurelio Pastor, ahora ex ministro de Justicia, quien hizo suya la máxima “mi mejor defensa es el ataque” desde el primer momento respondiendo primero de manera agresiva a quien le pregunte sobre el tema mostrándonos que la intolerancia parece ser un común denominador entre los líderes del partido de gobierno. Primero Toledo y luego el grupo El Comercio recibieron el “cariño” de Pastor en un afán desesperado y tonto de cambiar el foco de atención de un acto totalmente irregular.

Otro factor quizá menos expuesto a la opinión pública es la implicancia que todo esto tiene en términos de libertad de expresión. ¿No ha sido ésta una clarinada a los medios para que estos se porten bien?. Primero fue el intento de intervenir Panamericana Televisión, luego el cierre de la Voz de Bagua y TV Oriente de Yurimaguas, entre otras emisoras locales. Después, esta velada amenaza a América Televisión.

Resulta increíble que ante una circunstancia tan escandalosa como la liberación de un personaje al que vimos recibiendo cerros de dinero en los famosos vladivideos, que pasó su reclusión en una clínica y que ni siquiera pagó la reparación civil fijada, alimentando el clima de impunidad ya existente, la ciudadanía poco o nada hace. ¿Hasta qué grado puede llegar nuestra tolerancia?. Esperemos que Kouri, el candidatro del fujimorismo a Lima Metropolitana, se siga desinflando. Eso sería muestra de que algunas cosas empiezan a cambiar.

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* Los artículos reflejan la opinión de sus autores y no necesariamente coinciden con la de Alerta Perú ni Forum Solidaridad Perú.

Actualizado ( Jueves, 18 de Marzo de 2010 17:44 )

El síndrome del patito feo

Anderson Huayna Castro, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Agraria


“Algunos hombres ven las cosas como son y se preguntan por qué. Otros sueñan cosas que nunca fueron y se preguntan por qué no”
George Bernard Shaw

Resulta ser muy conocida la historia del patito Feo. En resumidas cuentas, se trata de un pequeño cisne que creía ser pato, o sea, mantenía un estilo y una imagen de vida ajena a su esencia y su ser, por lo que resultaba una aberración de la realidad.

Algo similar ocurre con nuestro país. Tratamos de vivir en una forma y bajo un modelo de desarrollo que no es el más adecuado, si es que partimos de que desarrollo no es solamente crecimiento económico; es salud, educación, calidad de vida, justicia social, relaciones sociales sanas, participación y libertades, identidad cultural, buen vivir.

Desarrollo significa que todos los derechos humanos sean respetados, que las inequidades en el acceso a los recursos no condenen a millones a la pobreza, que se respeten las diferencias culturales y exista diálogo intercultural, que las futuras generaciones puedan gozar de los recursos que la naturaleza nos ha brindado.

Desarrollo nunca significará tener como costos niños con plomo en la sangre, o mercurio que altere el sistema nervioso de mujeres campesinas, o ecosistemas totalmente destruidos con desplazamiento de poblaciones enteras, por muy exorbitantes que sean las divisas que la actividad genere.

El síndrome del patito feo es una contrapartida del síndrome del perro del hortelano, que es producto de todo un lineamiento político que apunta a inversiones que dejan de lado una serie de garantías tanto sociales como ambientales.

En él se plantea que el modelo de propiedad colectiva, resultado de toda una cosmovisión y de una cultura, es inferior al modelo de titulación individualizado, poniendo como disfraz del asunto la posibilidad de acceder a créditos una vez tengan título de propiedad, cuando las intenciones evidentemente son otras.

El discurso de Alan García sobre las “tierra ociosas” en manos de comunidades y pequeños campesinos responde a una visión de desarrollo que es plenamente coherente con las reformas subsidiarias de la constitución de 1993. La gran diferencia con gobiernos anteriores es la abierta y descarada defensa de esa política y la decisión de implementarla a cualquier costo.

Esta sincera declaración contrasta mucho con lo que manifestó el señor García el 2 de febrero del 2006 en un mitin en Ayabaca, en plena plaza central: “Ninguna mina trae desarrollo; Fujimori y Toledo mienten cuando dicen que firmando el TLC habrá desarrollo, eso no es cierto… no voy a permitir que ninguna minera se enseñoree en Ayabaca… respetaré la decisión del pueblo agricultor”.

El 22 de Setiembre del 2007, ya siendo presidente de la República, presenta ante el Congreso de la República, con carácter de urgencia, el proyecto de ley 1640/2007-PE que pretendía declarar de “interés nacional” 20 proyectos mineros, entre los cuales se encontraba el Proyecto Río Blanco.

Ante su fracaso, el 22 de octubre del mismo año se presentó el proyecto de ley 1770/2007-2007 con carácter de urgencia que pretendía suspender las leyes que protegen a las comunidades y su territorio, imponiendo un régimen temporal extraordinario de cuatro años para formalizar y titular las tierras de los predios rurales, comunidades campesinas y nativas.

Días después, el 28 de octubre, el presidente García publicó en el diario El Comercio, de Lima, su tesis “ El síndrome del Perro del Hortelano”.

Y esta es una historia de nunca acabar. Hoy, autoridades y pobladores de Puno están preocupados porque el Proyecto de Ley 3817, que el Ejecutivo envió al Congreso para su aprobación, busca justificar el desplazamiento o desalojo de las familias que viven en la zona de influencia de la Central Hidroeléctrica de Inambari, caso que se vuelve una bomba de tiempo con precedentes que lo confirman.

Es tiempo de dejar de creer que somos el pato feo del cuento y ver que en el fondo somos unos hermosos cisnes. Abrir los ojos, eso es lo que nos hace falta: mirarnos, y dentro de nuestras similitudes y diferencias construir un nuevo país, aquello que Basadre denominó“la promesa de la vida peruana”.

Para los países, en especial uno como el nuestro, se debió implantar un undécimo mandamiento, el cual diría “Ama a la naturaleza, porque eres parte de ella”.

 

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* Los artículos reflejan la opinión de sus autores y no necesariamente coinciden con la de Alerta Perú ni Forum Solidaridad Perú.

Consejo Nacional de la Magistratura: cuando la corrupción corroe y deslegitima las instituciones

Inés Arias y Gabriela Flores, Área de Transparencia e Institucionalidad de FSP

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es una institución del Estado peruano que tiene como función principal la designación, ratificación o destitución de jueces y fiscales, funciones actualmente conocidas por la mayoría de los ciudadanos peruanos, ya que el CNM ha cobrado una inusitada fama a raíz de una serie de escándalos de corrupción.

Veamos por qué decimos que el CNM es un claro ejemplo de cómo la corrupción deslegitima a las instituciones:

A fines del 2009, el CNM dio inicio al Concurso 003-2009-CNM para cubrir plazas de Fiscales y Vocales Supremos. El proceso de evaluación transcurría en relativa calma, sobretodo por la poca publicidad y seguimiento del tema. Hasta que a inicios de este año conocimos que el Dr. Avelino Guillén Jáuregui había sido descalificado en la prueba escrita y que debido a las irregularidades que había descubierto, estaba a punto de renunciar.

La sorpresa e indignación no se hizo esperar porque el fiscal Avelino Guillén es reconocido por su actuación en la mayoría de procesos por corrupción contra altos funcionarios, incluyendo a Alberto Fujimori, donde logró la condena a 25 años de prisión por violación de derechos humanos y 2 de las 3 condenas por corrupción que purga el ex mandatario. ¿Cómo un fiscal que ha logrado 80% de sentencias condenatorias en casos de corrupción era desaprobado en el examen escrito?

La respuesta se encontraba en los abogados externos contratados para evaluar a los postulantes. El Consejo había designado “a dedo” a un grupo de abogados litigantes para que se encarguen del proceso de evaluación. En el examen de Guillén, el evaluador fue Mario Amoretti, que ha enfrentado al fiscal en más de una ocasión representando a Alberto Venero, testaferro de Montesinos.

A eso se sumó la denuncia sobre la “coima” que habría solicitado el consejero Efraín Anaya a otro postulante a fiscal supremo, Tomás Gálvez. Anaya habría indicado que para ser designado se requería de “apoyo político o económico”.

La consecuencia de esto fue que se generara desde la opinión pública, un pedido de nulidad del proceso de evaluación. Incluso, el Presidente del Poder Judicial indicó que todos los consejeros debían renunciar debido a la pérdida de legitimidad y la desconfianza general suscitada. Pese a la resistencia inicial, el CNM anuló el proceso de evaluación aprovechando el cambio de dos de los Consejeros.

Reacción Ciudadana

El público proceso de desprestigio del órgano encargado de garantizar la idoneidad de los magistrados que administran justicia generó la reacción de la ciudadanía, la que se expreso de diversas maneras.

Por un lado, Guillén ha recibido el respaldo ciudadano a través de un documento de adhesión suscrito por diversas organizaciones y personas. Asimismo, el 4 de marzo más 100 personas acudieron al Acto de Reconocimiento y Desagravio organizado por el Grupo de Trabajo contra la Corrupción y el Colegio de Abogados de Lima para agradecer al fiscal por su aporte y compromiso en la lucha contra la corrupción en el Perú.

Pero ahí no quedó todo. El Consejo debe responder varios pedidos de información solicitados desde el 19 de febrero con relación a todos los detalles del anulado proceso, incluyendo el uso de los fondos públicos; pedidos formulados dentro de una campaña iniciada por el Grupo de Trabajo contra la Corrupción. El martes 9 de marzo venció el plazo sin que el CNM emitiera respuesta alguna, lo que demuestra claramente el desacato de esta institución a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Y podríamos seguir enumerando las acciones, informaciones y respuestas de la ciudadanía frente al tema. Lo cierto es que debido a estos graves hechos de corrupción, el Consejo Nacional de la Magistratura ha perdido credibilidad y requerirá de una seria revisión de sus procedimientos, su transparencia y su composición para mejorar no sólo su actuación sino recuperar la legitimidad que debe tener como institución encargada de designar a los jueces y fiscales que deben garantizar una correcta administración de justicia en el país.

Lo sucedido con el CNM nos deja una lección sobre cómo la corrupción termina por deslegitimar y corroer a las instituciones y afectar gravemente, en este caso, la Administración de Justicia. Nos queda seguir atentos y vigilantes para ver qué sucede en los próximos días y en el nuevo proceso de evaluación.

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* Los artículos reflejan la opinión de sus autores y no necesariamente coinciden con la de Alerta Perú ni Forum Solidaridad Perú.

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