Oriana Suárez / Latindadd
Tomado del boletín de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD)

Con motivo de la reunión de Presidentes de UNASUR, se reunieron en Quito los Ministros de Economía y Directores de los Bancos Centrales de la Unión de Naciones Suramericanas, buscando dar un paso adelante en los temas políticos y técnicos de la integración financiera de los países de la región. Que finalmente esta reunión se haya implementado es un avance en sí mismo, porque desde octubre del año pasado no se había logrado llevar a cabo, dejando serias dudas sobre la voluntad real de los países para avanzar en el proceso de integración regional. La agenda gruesa tratada giró en torno al Banco del Sur, los mecanismos de compensación (unidad de cuenta o moneda), las reservas internacionales y la recapitalización de los Bancos[1].

Pese a que no se arribó a acuerdos oficiales concretos, el Ministro Coordinador de Política Económica de Ecuador, Diego Borja, señaló que en la práctica, la región está comenzando a integrarse financieramente, a través acuerdos de compensación monetaria. Por un lado con la entrada en vigencia del SUCRE ya existen algunos países que pueden comerciar a través de sus propias monedas (Cuba, Venezuela y pronto los demás países del ALBA). Asimismo, con el acuerdo entre Argentina y Brasil, dichos países también tienen la posibilidad de hacerlo en sus monedas locales. Además, durante la reunión de Ministros se planteó ampliar las facultades de compensación en el marco del ALADI[2], de modo que otros países también puedan acceder a esta facilidad, útil principalmente para los pequeños productores. Así, en la práctica, la región camina a un esquema de compensación fuera del dólar.

De igual manera, en la reunión de Ministros se ha discutido el tema de una tenencia común de las reservas internacionales de los países, lo que haría disminuir el riesgo de exposición y mejoraría la rentabilidad de los países. Camino a ello ya se están dando algunas experiencias nacionales para utilizar las reservas de manera productiva, según señaló Borja, por lo que el salto desde ahí para coordinar un fondo de reservas común es cuestión de voluntad política. La región cuenta ya con un antecedente vigente, que es el FLAR[3], en el cual 7 países aportan reservas de sus Bancos Centrales.

¿Impulsando o no un Banco de Desarrollo Regional?

El Banco del Sur, pese a iniciar negociaciones antes que el SUCRE, aún no ve la luz. Se firmó el Convenio Constitutivo en el 2009, pero hasta el momento este sólo ha sido ratificado por Venezuela, por lo que en la práctica no puede entrar en vigencia, ya que se necesita la ratificación de dos de los países más grandes (Argentina, Brasil o Venezuela) y dos de los más chicos (Bolivia, Ecuador, Paraguay o Uruguay).

Sin embargo, pese a que fue uno de los países impulsores, pareciera que Brasil no tiene mucho interés en seguir incentivando esta iniciativa. Tal vez por ser un año electoral en el cual el país está enfocado en asuntos internos, o porque no requiere de un Banco de Desarrollo regional para financiarse –dado que cuenta con su propio banco de desarrollo-, el segundo “grande” para la entrada en vigencia del Banco del Sur, tendría que ser Argentina. Dicho país ya pasó el tema a su parlamento, por lo que es posible esperar  que se pronuncien a lo largo del presente año.

En el caso de los países más pequeños, Ecuador pareciera poder ratificarlo en abril y se espera que Bolivia también lo haga en fechas similares. Por su parte el electo presidente Mujica también estaría interesado y con disposición política para seguir impulsando la integración financiera regional.

En este escenario, y pese a las demoras y señales contradictorias de Brasil, existe optimismo en que el Banco del Sur pudiera implementarse hacia finales del año. Es por ello que el Grupo Técnico del Banco del Sur, se ha reunido a inicios de febrero para ir desarrollando una hoja de ruta que les permita tener todos los temas de funcionamiento elaborado para cuando se logre la entrada en vigencia del Banco, de modo que la implementación no tome más tiempo. En ese sentido, han creado subgrupos de trabajo para definir los temas administrativos, organizativos y de políticas de crédito, así como la visión, el perfil y el plan quinquenal del Banco del Sur, y prevén tener sus propuestas listas para septiembre.

Retos hacia delante

Es importante aprovechar el momento político actual de la región, en que se tiene gobiernos con miradas alternativas a las políticas neoliberales que rigen el mundo, y que se presentan como una oportunidad para implementar cambios concretos. En ese sentido, la sociedad civil debe seguir alentando la consolidación de UNASUR como un espacio de la región, que aunque aún no cuenta con institucionalidad definida, está construyendo una mirada propia de los procesos internacionales. En palabras del Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, la sociedad civil debe apropiarse de UNASUR que se ha construido como un espacio para la participación de la sociedad civil, pues está basada no sólo en una integración política, sino de los pueblos.

Específicamente, para seguir propiciando la compensación monetaria en los países, es importante continuar con las iniciativas en el marco del ALADI y generar una normativa para que el Sistema del SUCRE pueda ser extendido a otros países de la región que no necesariamente sean miembros del ALBA. Con respecto al Banco del Sur, es importante presionar para que el gobierno de Brasil lo ratifique y que uno de los legados del presidente Lula sea la apuesta decidida por la integración de la región como una manera efectiva de avanzar al desarrollo latinoamericano. De igual manera incentivar a que el gobierno argentino, aparentemente más dispuesto a seguir con la integración del sur, logre concretar la ratificación para finales de año.

Sin embargo, no debemos olvidar que una Nueva Arquitectura Regional debe estar apoyada también en un Fondo de Reservas y debiera contar con un mecanismo de Arbitraje regional alternativo a los actuales, para dirimir controversias en materia de comercio, inversiones y deuda, sin recurrir a instancias externas que no colocan el desarrollo como objetivo último de las relaciones económicas internacionales, sino que evalúan las controversias según su impacto en la acumulación de rentas y de capital. Asimismo, es importante generar los mecanismos concretos para que toda esta institucionalidad que se crearía responda efectivamente a objetivos de desarrollo productivo distintos a los actuales, en armonía con la naturaleza, sin impactar negativamente a las poblaciones y que se base en un diálogo constante con la sociedad civil, de modo que se pueda realizar una vigilancia y monitoreo real, que hagan que las finanzas estén en verdad al servicio de la población.

[1] Con respecto a la recapitalización del BID, los países de UNASUR habrían optado por apoyar la recapitalización.

[2] Asociación Latinoamericana de Integración

[3] Fondo Latinoamericano de Reservas

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* Los artículos reflejan la opinión de sus autores y no necesariamente coinciden con la de Alerta Perú ni Forum Solidaridad Perú.

Alexandro Saco, civilizacionperu.blogspot.com
07/03/2010

Castañeda fue citado al Congreso para rendir cuentas, pero salió en olor a multitud, con la complicidad de rastreros congresistas. Si bien el alcalde llevó su portátil al hemiciclo y sus congresistas y abogados sacaron la cara por él, lo cierto es que ya se percibe a su alrededor cierto halo de poder. El peligro que significa su llega a Palacio de Gobierno es latente. Peligro porque el caso Comunicore - Relima ha evidenciado, ahora sin ningún atenuante, las otras habilidades del alcalde. Por eso la imagen de eficiencia y de interés social basada sobre todo en los Hospitales de la Solidaridad, es necesario que sea enfocada.

Existe un hecho que puede aportar a entender los intereses detrás de estos establecimientos de salud. El MINSA durante los últimos años ha llevado adelante el proceso de descentralización, entregando facultades y competencias a todas las regiones del país, por lo que son ahora las DIRESAS las responsables en primera instancia de la organización sanitaria. Sólo una región se ha negado sistemáticamente a asumir esas competencias que implican responsabilidades; esa región, como ya se habrá dado cuenta el lector, es Lima.

• Frente a las dificultades de EsSalud para atender oportunamente a sus afiliados, a la limitada oferta del MINSA y a las tarifas prohibitivas de las clínicas privadas, los Hospitales de la Solidaridad crean la sensación de una ampliación del acceso a salud. Pagar siete soles y ser atendido en menos de una hora puede ser mejor que nada. Pero más allá de esa primera impresión, veamos algunos datos no investigados a profundidad pero que circulan desde hace mucho; sino, pregúntenle a un trabajador de la franquicia solidaridad.
• Franquicia Hospitales de la Solidaridad. Un empresario que cuenta con el capital suficiente solicita se le entregue la marca Solidaridad, firma un contrato con una empresa ad hoc creada por el municipio (no es gratuito el énfasis sobre el ámbito privado puesto por Castañeda en el caso Comunicore), alquila equipos clínicos e instala el servicio aceptando entregar un porcentaje de sus ingresos a la empresa dueña de la franquicia. Esa relación contractual privada, que como es natural busca maximizar sus beneficios, deriva en una serie de aberraciones sanitarias.
• Los Hospitales de la Solidaridad, en la mayoría de casos, no elaboran ni permiten acceder a las historias clínicas a sus usuarios. Ello puede llevar a que si se presenta un evento adverso o una referencia necesaria, no haya antecedente de la situación, a pesar de que la historia clínica es un derecho establecido en la ley general de salud.
• Los Hospitales de la Solidaridad en muchos casos funcionan en contenedores que fueron usados en el transporte marítimo de carga. Exagerando un poco, pero no llegando a lo inverosímil, algunos de estos fierros pueden haber transportado basura tóxica o algún otro material contaminante.
• Los Hospitales de la Solidaridad se han instalado en medio de la pista, dentro de mercados, o alquilan infraestructuras precarias no apropiadas para servicios de salud con mínima calidad.
• Los Hospitales de la Solidaridad precarizan el trabajo de los profesionales de la salud al exigirles una elevada cantidad de atenciones que se pagan al destajo, como en un obraje del siglo XVIII. Obviamente en estas franquicias no existen derechos laborales para su personal. Asimismo, los médicos son obligados a solicitar al usuario la mayor cantidad de análisis en laboratorios recomendados.
• Los Hospitales de la Solidaridad, al no tener en la mayoría de los casos elevada capacidad resolutiva, cuando se presenta una complicación, derivan el caso a clínicas también recomendadas; o los usuarios con complicaciones luego de destinar recursos a la solidaridad y a laboratorios, finalmente llegan al MINSA o a EsSalud.

Los Hospitales de la Solidaridad no tienen nada de solidarios, y si bien crean la sensación de acceso a salud para personas que pueden pagar, lo cierto es que son un actor que impide elevar las condiciones de acceso a salud en el país, al contribuir a la dispersión y precarización sanitaria. Es justamente lo contrario lo que se requiere para consolidar el derecho a la salud. Para ello se necesita un orden mínimo que permita desde la función rectora del MINSA u otra instancia, fiscalizar, sancionar, estandarizar, acreditar, en fin, otorgar al ciudadano la garantía de que los servicios públicos o privados no son un negocio que se instala en medio de la pista, sino que salvaguardan lo que está en juego: la salud y la vida.

Castañeda ha evadido sistemáticamente su responsabilidad como Presidente de la Región más importante del país: Lima. Porque este candidato no sólo fue elegido alcalde, sino por mandato de la ley que ha incumplido, su función debió ser la de Presidente de la Región. Pero con la misma facilidad con la que se desaparecen veinte millones de soles, se ha hecho el loco y desconocido su mandato. Por eso me parece claro que no podrá enfrentar una responsabilidad mayor como la de conducir el país, sin el autoritarismo y conservadurismo rampante que lo caracteriza.

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* Los artículos reflejan la opinión de sus autores y no necesariamente coinciden con la de Alerta Perú ni Forum Solidaridad Perú.

Ricardo Soberón, Centro de Investigación “Drogas y DDHH”, abogado

Las palabras del ex presidente Porfirio Díaz suenan más fuerte con la intensidad que adquiere el conflicto y la violencia el 2010 en México. Este complejo escenario va de la mano con la importancia estratégica del control de las principales rutas de acceso de la cocaína y la heroína a territorio norteamericano.

Cuando el presidente Calderón llamó a una guerra del Estado contra el “narco”, no sólo rompió todas las estructuras - acuerdos entre la criminalidad organizada mexicana: el grupo de Sinaloa de “Chapo” Guzmán, Juárez de los Carrillo, Guadalajara, Tijuana, y el cartel del Golfo desde Tamaulipas y Michoacán. Facilitó el enfrentamiento entre ellas por el control de rutas como la de Baja California, entre Chapo Guzmán y los Arellano Felix. Hasta cierto punto, se puede discutir si intenta producir una ruptura con una “narco cultura” dispersa en nuestras sociedades y economías, como ocurrió en Colombia a inicios de los 90 y luego desde el 2002, con el presidente Uribe y el “Plan Colombia”.

La intención del Estado mexicano es “cortar la soga por uno de sus lados”: la captura de capos y el ataque a la capacidad operativa del narco. De hecho, desde el 2006, se han capturado 466 aeronaves, 26000 vehículos, y 65000 armas incautadas (en el caso de las armas, EEUU es responsable de su arribo a territorio mexicano pues permite su venta y posesión).

Más grave aún, pretendió lanzar una lucha “kamikaze” contra una estructura económica, política y militar muy dispersa y penetrada en la institucionalidad mexicana: según el Tribunal Agrario mexicano, el 30% del campo está concentrado en manos de “narcos”. El panorama es más delicado que un asunto de legitimidad política del presidente Calderón, cuando al otro lado se tiene el sustento económico que representan los 3000 kms de frontera hacia los EEUU que nos dirige hacia un mercado de entre 20/25 millones de personas (México llega a 500 000 usuarios); lo cual explica por qué en territorio mexicano se lavan aproximadamente US$ 25,000 millones al año.

Van tres años de guerra y el gobierno de Felipe Calderón levanta granes éxitos: captura de al menos 5 capos importantes (*), aunque hay acusaciones sobre determinadas preferencias de las autoridades para los miembros de un determinado cartel. Pero la situación emblemática de Ciudad Juárez –ciudad vecina de El Paso en Texas- dice mucho. Sólo en esta ciudad de frontera hubo 2600 muertes violentas el año 2009 (7724 a nivel nacional), convirtiéndola en la ciudad con mayor número de homicidios. En lo que va del 2010, van 3 periodistas muertos (el 2009 hubo 13 asesinados). En reciente visita a la localidad después de la masacre de los 16 estudiantes (31/1), el presidente Calderón pidió disculpas, reconoció la necesidad de escuchar otras voces y enfatizó la necesidad de programas sociales antes que sólo medios militares. Incluso, anunció cambios de estrategia.

En definitiva, el caso de Ciudad Juárez, por su cercanía a EEUU y por el tipo de políticas que se han implementado (Operación “Chihuahua” marzo 2008), es el mejor ejemplo del fracaso de la “guerra contra las drogas”. Sin embargo, la administración Obama ha pedido US$ 310 millones para el 2011 poder continuar esta iniciativa militar, en la que el 70% de ella recircula entre subcontratistas de ese país. Mientras, el Embajador de EEUU en DF, Carlos Pascual, llama a reemplazar al Ejército por la policía federal.

En el reciente evento de CUPIDH (Vientos de Cambio), el investigador Luis Astorga señaló la coherencia entre control ilícito del ingreso, tránsito y salida de la Federación Mexicana, con la distribución política de gobernaciones entre PAN, PRI. En el Pacífico, se requiere asegurar el control sobre los puertos de Michoacán, Oaxaca y Chiapas; en el Caribe, los puerto de Veracruz y Quintana Roo.

Las críticas no se dejan esperar. La Iglesia a través del Consejo Mexicano de Obispos criticó la Iniciativa Mérida y reveló sus preocupaciones por la situación de los derechos humanos, pero también habló de corrupción e ineficiencia policial. Por otro lado, las FFAA comienzan a plantear el carácter temporal de su permanencia en las calles. Entre tanto, el gran reto que tiene el resto de América Latina, es cómo evitar que el crimen organizado alrededor de los “tráficos ilícitos” se extienda sobre nuestras economías y sociedades, como parece estar ocurriendo.

(*) Teodoro García Simental, “El Teo”, Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”, desde Ciudad Juárez y Sonora; Vicente Carrillo Leyva, Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, Eduardo Arellano Félix “El Doctor” relacionado al cartel de Tijuana; antes Jesús “El Rey” Zambada asociado al cartel de Sinaloa.

Héctor Béjar, Llamado mundial a la acción contra la pobreza (GCAP Perú)
03/03/2010

Compartimos el dolor del pueblo de Chile víctima de dos conmociones: el terremoto de Concepción y Talcahuano y la forma como ha sido tratado según las normas y costumbres neoliberales.

Sucede el terremoto. Es catastrófico. Como no existe organización social sino individualismo nadie sabe qué hacer. Como el Estado no sabe ayudar a los ciudadanos sino a las empresas tampoco sabe qué hacer.

Transcurren las horas. Faltan el agua, el techo, los alimentos y la luz. La gente empieza a desesperar.

Los supermercados están llenos de agua envasada, medicinas y alimentos, pero permanecen cerrados con grandes puertas metálicas. Hambre y sed en la calle, abundancia bajo llave. No saben ayudar sino vender. Prefieren que la carne se pudra a repartirla entre la gente. Si la reparten no cobrarían el seguro contra catástrofes.

Cuando la gente rompe las puertas para sacar lo que es indispensable para la vida, el presidente electo, dueño de las principales cadenas de supermercados exige que se ponga orden. La presidenta socialista obedece en el término de la distancia. Se acusa a los hambrientos y sedientos de saqueo. No llueve agua sino gas asfixiante. Hay dinero para mover a los carabineros y dotarlos de bombas lacrimógenas que malogran los alimentos, pero no hay helicópteros ni barcos para llevar ayuda ni transporte aéreo para llevar médicos.

El ejército más poderoso del Pacífico está hecho para invadir el Perú pero no sirve para ayudar a su pueblo. Asombroso que no hayan helicópteros de transporte, aviones que lancen alimentos con paracaídas. Las empresas comerciales más ricas de la región andina guardan silencio y cierran sus repletas bodegas.

En un arranque de sinceridad la Alcaldesa de Concepción dice: han pasado cinco días y no nos han enviado ni un paquete de tallarines. Se equivocó: los tallarines, las pastas, la leche, el agua, están en Concepción, no es necesario enviarlos, solo que hay que comprarlos. Y como no hay electricidad para que funcionen las cajas registradoras, los dueños de los supermercados y de Chile prefieren que se muera de hambre y de sed la gente antes que abrir sus repletas tiendas.

La Marina sabía que venía un tsunami pero “olvidó” advertir a la gente. Mueren cientos, miles por esta falta de advertencia. Luego de un largo silencio solo hay disculpas, no destituciones. La vida vale poco o nada en ese tipo de mentalidad militar.

Mientras tanto en Santiago igual que en Concepción, caen inexplicablemente edificios de lujo que deberían estar perfectamente construidos. Han sido edificados para hacer negocio, no para proteger a la gente. Como en el Perú, la vivienda no es para vivir sino para vender.

Cuando escribo estas líneas, Chile retorna “a la normalidad”. Habrá teletón, espectáculo, luces y artistas. Se dice que el país ha perdido 50,000 millones de dólares. Ya pasaron unos cuantos presidentes, incluido el peruano, para tomarse fotos y pasar a la historia del espectáculo, discursos incluidos. Pero como en Pisco, la gente seguirá esperando. No hay acción colectiva sino pasmo y pasividad. La ciudadanía ha desaparecido en el que dicen que es el país más democrático del continente.

Hasta que se den cuenta de que el asunto no es solo reconstruir las ciudades sino la conciencia y la sociedad. ¿Cuánto falta para eso?

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* Los artículos reflejan la opinión de sus autores y no necesariamente coinciden con la de Alerta Perú ni Forum Solidaridad Perú.